Hace unas semanas, por el rumbo de la iglesia de la Covadonga, me tocó ver cómo una camioneta Windstar, tras desatender el semáforo que le marcaba rojo, tumbaba a un motociclista, de esos que reparten comida.
Enseguida pasó lo habitual. El conductor de la camioneta desapareció a toda velocidad. Algunos auxiliaron al motociclista herido. Otros dijimos a una grúa que por ahí pasaba las señas del vehículo causante del percance y el rumbo que había tomado (con la ilusión que por radio alertara). Por supuesto que a la media hora al motociclista lo habían recogido sus compañeros, de la camioneta agresora ni sus luces y en el lugar de los hechos apenas si quedaron restos de los focos de la moto. Nada más.
En un país con un récord de impunidad casi total, el causante del percance apostó a que lo que más le convenía era no atender al herido y huir del lugar, así fuera cometiendo otra infracción al saltarse de nuevo a toda velocidad otro semáforo.
Las probabilidades de que ese conductor fuera detenido eran francamente bajas. Así que ese ciudadano decidió tomar ventaja del ineficiente sistema en el que vive, y antes que aceptar su responsabilidad y enfrentar a la justicia, maniobró todo lo que fue necesario para evitar pagar por su negligencia.
El sismo nos trajo otros ejemplos, más emblemáticos, de esa corrupción ciudadana. De uno de ellos tuvimos la más reciente muestra ayer, cuando Mónica García Villegas, la dueña de la escuela Enrique Rébsamen –donde murieron 19 niños y 7 adultos– tuvo la cara dura de enviar un comunicado en el que niega haber recibido citatorios de la procuraduría capitalina, esto luego de que el lunes faltara a una audiencia.
Nadie va a defender a la PGJCDMX, que es capaz de no haber entregado los citatorios. Pero es que ese no es el tema. El tema es que en ciertas coyunturas queda demostrado que los ciudadanos somos iguales que nuestros políticos, o ellos a nosotros: nos comportarnos de manera indecente a la hora de tratar de salvar el pellejo.
La señora García Villegas aprendió bien del manual ejecutado por Grupo México en Pasta de Conchos. O, quizá más idóneo como antiejemplo, por haber niños entre las víctimas, de los dueños de la Guardería ABC.
¿Vimos a la señora (me niego a pensar en ella como una maestra, por respeto a otros que ejercen dignamente el magisterio) García Villegas en el Rébsamen en las labores de rescate tras el sismo del 19 de septiembre? ¿La vimos consolar a las familias de lo que fue su escuela? ¿Fue protagonista del dolor de su comunidad? ¿Se comprometió ante la opinión pública a ayudar a esclarecer permisos y legalidad de su plantel? En la tragedia Mónica García Villegas ha carecido de esa dignidad, elemental dignidad humana. Así que ahora no nos insulte pretextando tecnicismos legaloides. Citada o no, debió estar en todo momento a disposición de su comunidad y de los representantes legales de la misma, que son nuestros (ni modo) gobernantes.
Y cosa parecida se puede decir de las autoridades del Tec de Monterrey, o de funcionarios públicos de la capital involucrados en la venta de departamentos derruidos, cuyos constructores no dan la cara (La Silla Rota sobre Fausto Galván https://goo.gl/MTs3RP).
Porque lo conocen, porque forman parte de él, todos apuestan en contra de un sistema ineficiente y corrupto. Lo mismo en un percance vial, que en casos donde hay muertos, sea en una mina, en una guardería, en una escuela, en oficinas: los ciudadanos también demandan beneficiarse de la impunidad. Faltaba más.
