Todo el peso de la mañanera en contra de juezas, jueces y magistrados que disgustan al Ejecutivo. Con nombre y apellido fueron acusados por Palacio de “beneficiar a delincuentes”. Escalamiento del choque de poderes y advertencia: no habrá piso parejo en la elección.
Presenciamos una batalla elegida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no cabe el argumento de que lidia con una herencia del anterior gobierno. En tres semanas, ha impreso un beligerante sello a descalificar protestas, críticas y resoluciones judiciales.
Este lunes dio un paso más. Como nunca desde 2018, en una mañanera se exhibieron los nombres de impartidores de justicia para utilizarlos como ejemplo de, así titularon esa sección de la conferencia, “excesos en el Poder Judicial”.
La exposición, a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue un catálogo de reproches al PJ; desde tardanza en dictaminar culpabilidad o inocencia de presos federales, hasta sus exorbitantes salarios.
De colofón, un listado de “jueces que beneficiaron a delincuentes”. Tal cual, sin mayor prueba ni contexto de cada resolución mencionada; sin incluir argumentación del juzgador en cuestión. Versión unilateral que asume pura virtud de la parte acusadora, y total corrupción del juez.
En los martes de cero impunidad (es un decir) del sexenio pasado se balconeaba a impartidores por fallos que disgustaban a Palacio; mas la exposición de este lunes no tiene precedente en volumen y riesgos; anula de paso la esperanza de comicios parejos el 1 de junio.
Ayer desfilaron por la barandilla mediática de Palacio los siguientes impartidores de justicia: juez Crescencio Contreras Martínez, juez Juan José Fernando García Quiroz, juez Conrado Alcalá Romo, jueza Angélica Sánchez Hernández, juez Rogelio León Díaz Villarreal, jueza Diana Montserrat Partida Arámbulo (sic), magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, jueza Adriana Yolanda Vega, juez Juan Fernando Alvarado López, magistrados Michele Franco, José Manuel Torres Ángel y Juan Carlos Ramírez Benítez, juez Julio Veredín Sena Velázquez, juez Marco Antonio Beltrán Moreno, magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, jueza María Isabel Bernal Hernández, y, de remate, Nancy Juárez, jueza que ordenó eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.
Salvo la jueza Juárez, a todos los anteriores les fueron achacadas liberaciones o facilidades a narcotraficantes, mimos a exgobernadores presos por enriquecimiento y corrupción, y laxitud en juicios a personajes acusados del caso Ayotzinapa.
El riesgo gigante de esta movida presidencial es que cimenta una advertencia clara: lo que diga el Ministerio Público federal, con quien tengo buenas migas, es la verdad jurídica, no hay de otra y lo contrario será exhibido antes que acatado, denunciado y nunca respetado.
Esa visión abre un abismo en el Estado de derecho. De aquí a junio qué impartidor resolverá estrictamente apegado a la ley, sin calcular riesgos de que le reclamen, vía inapelable descontón mañanero, deficiencias que en realidad son del expediente ministerial. ¿Algun@?
En ese ambiente, ¿qué será de la presunción de inocencia? Buena pregunta para la mañanera.
Es preciso señalar que se ha hecho mal en no impedir a los actuales impartidores el participar en las elecciones donde tendrían que hacer un milagro para simplemente permanecer, vía voto popular, en su sitio actual.
Hubiera sido más honesto cancelarles ese derecho en la ley que simular que se les garantiza. Porque comenzando con los ayer exhibidos en Palacio, quién dice que en las campañas todos los actuales impartidores no serán tachados, per se, de corruptos.
La Presidenta parece decidida a meterse en la elección de jueces. Ella que tiene más medios que nadie para hablarle al “pueblo” ya publicó este lunes una primera lista negra de jueces, cuyos integrantes tienen desde esta semana el estigma de Morena.
Aunque Sheinbaum invitó ayer a los jueces a postularse para “que le digan a la ciudadanía qué han hecho”, la Presidenta misma advierte que “ahora, claro, si tienen un historial difícil de presumir, va a estar difícil que los elija el pueblo”.
El tema es que la titular del Ejecutivo se arrogó la facultad de exhibir sin contexto ni garantizar réplica a 18 impartidores (más los que se acumulen de aquí a junio). ¿Piso parejo en esas elecciones? Así, imposible.
