Héctor el Güero Palma, conocido narcotraficante, es el protagonista de una pirueta del gobierno para desviar la atención en un momento donde Morena quiere que se hable de todo menos de sus fiascos.
Desde el sábado Andrés Manuel López Obrador no encuentra la manera de retener –legalmente– a quien en su momento fuera un alto integrante del crimen organizado. Por ello, el Presidente ha culpado al Poder Judicial de sorprenderlo con una liberación que podría haber ocurrido el fin de semana pasado. Sabadazo, acusó el mandatario. El caso, sin embargo, desnuda la inoperancia de la administración y su tendencia a echar mano de cuanto pueda con tal de no rendir cuentas.
En ese pasado reciente que tanto repudia Andrés Manuel, dos divisiones de la Policía Federal, la de antidrogas y la de inteligencia, alimentaban páneles donde daban seguimiento a los casos judiciales de distintos criminales de alto perfil ya encarcelados.
De cada uno de esos expedientes se sabían los detalles de quienes conformaban la defensa del detenido, el avance de los recursos de la fiscalía y los defensores, así como las decisiones de los respectivos jueces. Con inteligencia policial se documentaban hechos que fueran relevantes para cada uno de los casos. Por ejemplo, en su momento se reportó en esos páneles si era o no verdad la enfermedad que finalmente le provocaría la muerte a Héctor Beltrán Leyva, el H.
En otras palabras, en dónde estaba el gobierno de la República que ahora acusa que lo sorprendieron al ordenar una liberación de alguien que ya ha cumplido las condenas respectivas tanto en Estados Unidos como en México.
Acusar al Poder Judicial resulta demasiado irónico si el que hace la acusación es López Obrador, el Presidente moderno que más ha logrado someter al titular de la Corte, al que le ha regalado la promesa de extenderle –inconstitucionalmente– su periodo como jefe de la Judicatura y de la Suprema. ¿O sea que en los casos de alto perfil a AMLO le obedece el ministro Zaldívar pero no un juez? ;)
Más bien lo que tenemos en el caso Güero Palma es la confirmación de la notoria y nada nueva decisión de López Obrador de no meterse con los cárteles. Aquí se armó el escándalo y el Presidente tuvo que hacer como que hace algo. ¿En unos cuantos días su gobierno y ese fiscal supuestamente autónomo podrán armar un expediente que no documentaron en años? Porque hay que recordar que AMLO ya lleva años durmiendo en Palacio. ¿Será que es tiempo de que nos preguntemos si este gobierno carece de inteligencia –les juro que no es sarcasmo–? ¿Que cuestionemos qué hacen en la SSC, en la FGR?
A López Obrador le urge encarcelar de nuevo, y con orden judicial, al famoso narcotraficante. Por eso decretaron un arraigo de 40 días –igualito a los que hacía Calderón, tsss–, muy conveniente no sólo para tratar de hacer la tarea no realizada en años, sino para que a Andrés Manuel no le explote un nuevo escándalo –la liberación del capo– justo antes de las elecciones.
Y de paso, hacer como que en verdad desea procesar de nuevo a Palma le servirá a AMLO para crear una cortina de humo que desvíe un poco la atención mediática, concentrada con toda razón en la tragedia del Metro Olivos y el deficiente manejo que de la misma han tenido los gobiernos capitalino y federal.
Hará ese intento incluso si resulta tan improbable creerse que alguien del Poder Judicial le puede dar un sabadazo cuando Zaldívar todo lo ha subordinado al Presidente.
