Transcurridas cuatro semanas de eso que será recordado como la casa gris, ¿qué sabemos?
El hijo del presidente (JR) y su esposa (CA) viven en Houston.
CA tiene más-menos una década en el mundo de los negocios, incluida la actividad petrolera. Por su parte, JR reveló que fue incorporado –ya iniciado el sexenio– por los hijos de Daniel Chávez, dueño de Vidanta, a un proyecto (whateverthatmeans) en Estados Unidos, y le tramitaron visa.
CA y JR vivieron durante un año (de verano a verano 2019-2020) en una casa de alguien que por entonces era alto ejecutivo de Baker Hughes (BH). Esta compañía es contratista de Pemex hace décadas. El casero dejó de trabajar en esa empresa a finales de 2019.
No está probado que el casero estuviera a cargo de, o participara en, negociaciones de BH con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los volúmenes de los contratos de BH se incrementaron en este sexenio. Pemex dice que porque los proyectos en general de Petróleos Mexicanos crecieron.
El ejecutivo de BH rentó la casa por medio de un corredor que resultó ser su familiar. El contrato no está en el sistema interno de los corredores de bienes de Houston. BH se “autoinvestigó”: un despacho externo revisó el caso e informó esta semana que no encontró conflicto de interés. BH dice que el contrato no tenía el nombre de JR como inquilino. La FGR abrió una carpeta de investigación. En Estados Unidos hay también pesquisas.
El reportaje inicial hablaba de la contradicción entre el discurso de austeridad del Presidente y la forma de vida de su hijo. Desde 2018 el Presidente dijo que él sólo respondería por su hijo menor de edad.
¿Qué no sabemos?
¿Hay relación entre la renta de la casa y cualquier tipo de favor del gobierno de México a la empresa donde trabajaba el dueño de la propiedad? ¿O incluso al dueño de la misma?
Desconocemos si, en efecto, antes de rentar la casa el dueño de ésta sabía que uno de sus inquilinos sería el hijo de AMLO. O si ya como su casero, a punto de cambiar de chamba, supo que el hijo del Presidente de México vivía en su propiedad.
No sabemos, por ende, si notificó a su entonces empresa, BH, del potencial conflicto de intereses. BH dijo el lunes que supieron del contrato después del escándalo.
¿Qué tenemos derecho a saber?
Toda la documentación relativa a lo ocurrido con los contratos de Baker Hughes durante este gobierno.
Y toda la documentación de las concesiones dadas o ampliadas a Vidanta y todas sus empresas por el actual gobierno.
Toda la información sobre los viajes de Daniel Chávez para acompañar al Presidente, o a otros funcionarios, a supervisar el Tren Maya. Y lo mismo sobre cualquier otra gira que haya hecho con o por AMLO.
Se deben transparentar documentos y detalles de donativos que, en especie (cesión de un terreno de 2 mil hectáreas de Vidanta a la CFE en Puerto Peñasco, Sonora) o en efectivo (rifa/no rifa del avión), haya dado al gobierno.
¿Qué no tenemos hoy derecho a saber?
Los ingresos de CA con cualquier entidad mercantil privada. Los ingresos de JR en las empresas del emporio Vidanta.
Preguntas que seguirán…
¿Hubo buena práctica periodística? ¿Se puede acusar a dos privados de vivir en contra de lo que dicta su padre y suegro? ¿Así sea este el Presidente de la República? ¿El mandatario reconocerá que traspasó un límite al revelar presuntos ingresos de un periodista? Este caso, ¿le va a costar más a AMLO o al periodismo?
Principal conclusión hasta ahora: el emporio Vidanta, en la mira este sexenio.
