Luego de que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados aprobaron la reforma que prohibe la producción y venta de vapeadores, y de fentanilo ilícito, la iniciativa ya recorre los congresos estatales para que le den su visto bueno.
Hasta ahora, sólo el congreso de la Ciudad de México y el de Veracruz son los únicos que han aprobado el dictamen, de los 18 que requiere para que tenga validez y se remita al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
¿QUÉ DICE EL DICTAMEN?
El dictamen adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, por lo que prevé sancionar "toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas".
También, precisa que "queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad relacionada con dichas sustancias".
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, así como de diversas propuestas conexas de diputadas y diputados.
Argumenta que de conformidad con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, el uso de cigarros electrónicos en población adolescente alcanzó un 2.6% del conjunto de referencia (aproximadamente 500 mil personas) y un 1.5% de la población adulta (alrededor de 300 mil usuarios).
Por lo que toca al vapeo, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que para 2022, alrededor de cinco millones de personas entre 12 y 65 años de edad hablan usado alguna vez un vapeador, mientras que su uso regular se presentó en 975 mil personas.
En cuanto a las drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, añade que las actividades de su producción a su consumo se han incrementado, lo mismo que su combate por las instituciones de seguridad del Estado mexicano.
