Los problemas no acaban para el Partido Verde por el caso de los influencers que violaron la veda electoral para lanzar mensajes donde pedían votar por la formación en las elecciones del 6 de junio pasado.
Este grupo de más de 90 personas recibió un millón de dólares (cerca de 20 millones de pesos) para publicar esos mensajes en sus redes sociales.
Si bien existe un proyecto por el que se propone multar al partido con 40 millones de pesos y dejarlo sin spots en radio y televisión por un año, diversos ciudadanos pidieron al Instituto Nacional Electoral que el castigo sea otro: retirarle el registro como partido.
Pero, ¿este es un escenario que se puede dar? De acuerdo con el INE, una de las causas por las cuales un partido perder el registro es la omisión de “manera grave” de alguna obligación establecida en la Ley General de Partidos Políticos.
De hecho, cuando se registró el caso de los influencers, el instituto señaló que “en caso de conductas graves y reiteradas”, el registro puede ser eliminado.
Y es que el Verde no es ajeno a la violación de la veda electoral: Lo hizo en 2015 , cuando el entonces director técnico de la selección nacional de futbol, Miguel Herrera, pidió “ir con los verdes”.
“Estamos ante un partido que una y otra vez desafía a la autoridad electoral”, dijo el consejero Ciro Murayama sobre el caso.
Además, la Ley General de Partidos Políticos dice en su capítulo II, artículo 25 que una de las obligaciones de estos grupos es:
“Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos”.
A esto también se suma lo establecido por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales que explica que es un delito recibir “aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.
Esto viene a colación porque el INE abrió una investigación en materia de fiscalización para determinar el posible uso ilícito de recursos con fines electorales,
