Un Tribunal Colegiado en Yucatán confirmó este lunes la suspensión de nuevas obras en el proyecto Tren Maya, dentro de los municipios de Mérida, Izamal y Chochal, estado de Yucatán.
Las magistradas Raquel Flores García, Julia Ramírez Alvarado y Mayra Icela Greene Negroe —esta última secretaria de Tribunal en funciones de magistrada—, resolvieron por unanimidad negar una queja presentada por Fondo Nacional de Promoción Turística (Fonatur) contra la suspensión concedida.
En el expediente consultado por EL FINANCIERO, las magistradas estimaron que el recurso de queja presentado por la citada autoridad, contra el auto del 20 de enero de 2021, dictado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el incidente de suspensión de amparo indirecto 613/2020, resulta “infundada”.
En dicho auto Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en Yucatán, concedió la suspensión de la ejecución del proyecto Tren Maya luego de que miembros de las citadas comunidades alegan que esta obra insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador provocará daños ambientales y no fue suficientemente consultado entre las comunidades.
Al conceder el amparo la Juez Domínguez Aguilar estimó que dicho proyecto, en sí mismo, es de orden público y de interés social ya que podría generar a la colectividad un desarrollo en diversos ámbitos, primordialmente en el económico.
Sin embargo, dijo que opuesto al desarrollo económico está la protección de las personas en todas sus manifestaciones y derechos, incluyendo a un medio ambiente sano y no únicamente económico.
Advirtió que esta situación obliga a ponderar qué alcances podría tener la afectación a las regiones en las que se tendrá injerencia el proyecto, contra el interés social de que se construya.
Recordó que en el protocolo para el proceso de consulta del proyecto se advirtió la posibilidad de adquirir tierras, o que la ejecución del plan de desarrollo implica un impacto significativo en el medio ambiente, así como en la identidad y forma de organización de alguna comunidad.
Domínguez Aguilar agregó que de acuerdo a la suspensión solicitada, la manifestación de Impacto Ambiental de 30 de noviembre pasado, implica el cambio de uso de suelo en áreas forestales de una gran superficie de hectáreas de vegetación.
“Los impactos generados para esta fase del proyecto será en la pérdida de cobertura vegetal generación de ruido, incremento de residuos y desplazamiento de fauna, atropellamiento de fauna, incremento de caza furtiva, calidad de paisaje y por consecuencia una aumento de población y actividades socioeconómicas que generan impactos ambientales acumulados”, dijo la Juez.
Y por ello concluyó que con la ejecución del referido proyecto “se podría causar un impacto significativo en el medio ambiente”, por lo que concedió la suspensión.
El efecto de la medida cautelar es que “se abstengan de realizar actos tendientes al ejecución del proyecto Tren Maya, derivado de la aprobación de la manifestación de impacto ambiental del 30 de noviembre de 2020, publicado en la gaceta ecológica número 45 de 3 de diciembre de 2021, en la que atañe a los municipios de Mérida Izamal y Chochal, estado de Yucatán”.
La juez Domínguez Aguilar preciso que la suspensión es únicamente “para obra nueva dentro de la zona geográfica de la referida comunidad” por lo que advirtió que si el proyecto denominado requiere rehabilitación y o dar mantenimiento a las vías férreas preexistentes sí se podrá ejecutar dicho proyecto.
Ante esta determinación, Fonatur promovió una queja en la cual estimó que el tren ya cuenta con Autorización de Impacto Ambienta y rechazó daños ecológicos irreversibles.
Dichos argumentos, según las magistradas Flores García, Ramírez Alvarado, y Greene Negroe, son “infundados” ya que justo es ese tema el que tendrá que ser aclarado en el juicio de amparo y no en la suspensión.
Asimismo, negaron la petición de Fonatur de fijar a los quejosos el pago de una garantía económica para que siga surtiendo efectos la suspensión.
Cabe precisar que será el 19 de febrero próximo cuando la Juez Domínguez Aguilar determinará si concede la suspensión definitiva, lo que paralizará las obras nuevas en los referidos municipios de forma indefinida, o revoca la suspensión.
