Porque actualmente han salido a la luz diversos casos de corrupción que implican a gobernadores.
La corrupción, los desvíos de recursos públicos y los nexos con el narcotráfico ya no serán un problema para el país gracias a la creación de un Código de Conducta para que los gobernadores se porten bien. O al menos eso es lo que pretende la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), encabezada por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
De acuerdo con el gobernador de Morelos, el Código de Conducta buscará que los gobernadores acaten su trabajo con ética, transparencia y rendición de cuentas, para que no se vuelvan a presentar casos como el de los priistas Javier Duarte y Tomás Yarrington, quienes huyeron de la justicia tras ser vinculados por delincuencia organizada y peculado.
"Si no damos una señal de compromiso de que nos debemos conducir con probidad, esto va a lastimar al país".
El también gobernador de Morelos, quién no tiene buena aceptación por los habitantes de esa entidad, presentará su propuesta de "mandamientos" contra los corruptos el próximo 3 de mayo para que sea discutida con sus similares que están a cargo de otros estados del país.
"Es un precedente y yo les dije por eso a mis compañeros, esto que está pasando con estos gobernadores nos está lastimando a todos porque la gente piensa que todos somos iguales y no somos iguales, yo no soy igual".
Pero esos no son los únicos mandatarios que se las han visto con la justicia o que actualmente son perseguidos por las autoridades por presentar irregularidades en su administración.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, es buscado por la Interpol por desvío de recursos, mientras que, en noviembre pasado, el exmandatario de Sonora, Guillermo Padrés, se entregó ante las autoridades para enfrentar los cargos de lavado de dinero y defraudación fiscal que hay en su contra.
Humberto Moreira también está acusado de vínculos con el narcotráfico y de dejar en quiebra a Coahuila, estado que Gobernó de 2005 a 2001. Además, una corte de Texas abrió un proceso en su contra por invertir fondos del estado para comprar propiedades en Estados Unidos a través de prestanombres.
¿QUÉ LOS RIGE?
Pero en serio, ¿los gobernadores necesitan un código de conducta? En teoría no deberían, pues sus obligaciones ya están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Disciplina Financiera y hasta el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por ejemplo, de acuerdo al Artículo 110 de la Carta Magna, los gobernadores podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
En tanto, el Artículo 113 de la misma, dice que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.
Mientras que el Artículo 5 de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos castiga con un juicio político a aquellos gobernadores que caigan en violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales.
El artículo 53 de la misma ley también establece como posibles sanciones la amonestación pública, la destitución del cargo, o sanciones económicas dependiendo de la gravedad de la falta.
La Ley de Disciplina Finciera de las entidades federativas y los municipios tiene el objetivo de cuidar que los gobernadores o cualquier otro servidor público, ejerza de manera adecuada los recursos asignados. También pone topes al endeudamiento de las entidades y los obliga a los gobernadores y alcaldes a presentar periódicamente un informe de sus finanzas
Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, también establece reglas para cambiar el régimen de responsabilidades administrativas, el régimen penal y de fiscalización.
Por ejemplo, las contralorías y auditorías estatales tendrán que rendir cuentas a un Sistema Nacional de Fiscalización, esto permite que los gobernadores saquen las manos de los recursos. Esto le dará más fuerza a los comités ciudadanos encargados de revisar la gestión de los gobernadores.
Pese a todos estos códigos, algunos gobernadores insisten en violar la ley, así que la verdadera pregunta sería si un Código de Conducta sería la solución al problema de los desfalcos y nexos con el crimen organizado.
