Este martes, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó el Segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, en la que no estuvieron presentes familiares de los normalistas, ni alguna representación legal, el funcionario destacó que la investigación ha develado a 434 actores relevantes del caso; 109 de ellos pertenecientes a grupos delictivos; 39 de las Fuerzas Armadas, 35 del gobierno estatal; y 36 del gobierno federal, entre otros.
Encinas indicó que la llamada 'verdad histórica', proporcionada por el exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, constituyó una "segunda desaparición de los estudiantes".
Además, acusó que esa relatoría de los hechos tuvo omisiones de las autoridades, recreación de las escenas del crimen, manipulación de evidencias, y ocultación de pruebas, declaraciones bajo tortura, y protección de servidores públicos, lo que, en su conjunto, representa una mentira de los hechos familiares de las víctimas, y a la sociedad.
Insistió en la existencia de tres posibles causales de los hechos ocurridos entre la madrugada del 26 de septiembre y el 27 del mismo:
1.- Confusión del grupo delincuencial 'Guerreros Unidos' respecto a la presunta infiltración de 'Los Rojos' entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala.
2.- La posible intención de dar un 'escarmiento' a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, esto luego de protestas y daños al Palacio Municipal de Iguala por el asesinato de dirigentes sociales.
3.- "El trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados”.
DESCARTA DISTANCIAMIENTO CON FAMILIARES
Cuestionado sobre un posible distanciamiento entre los padres de los normalistas y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por inconformidades con la investigación, el subsecretario destacó:
"No hay ningún distanciamiento, tenemos relación con padres y madres, abogados, organizaciones, porque esto sigue y seguiremos trabajando con el compromiso con ellos" de llegar a la verdad sobre lo que pasó con los normalistas desaparecidos en Guerrero.
Añadió que la en la administración de AMLO "continuaremos con la búsqueda de información en todos los archivos institucionales" para tener todos los elementos para dar una versión exacta de los hechos y abrió la posibilidad de que la indagatoria continúe en el próximo sexenio.
