Un Juez federal desechó el juicio de amparo promovido por Mauricio Toledo, diputado federal del Partido del Trabajo, contra el procedimiento seguido en la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, que llevó a su desafuero.
El recurso, promovido el 9 de agosto pasado, cuando Toledo ya había viajado a la República Chile donde se presume que está prófugo de la justicia, fue radicado en un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa.
Toledo señaló como acto reclamado el análisis, discusión y votación del dictamen de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la iniciativa con proyecto de decreto por se convocó un segundo periodo extraordinario de sesiones.
Recordó que, mediante acuerdo de 28 de enero pasado, se admitió a trámite la solicitud de procedencia en su contra la cual fue presentada por la Waleska Solís, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México.
La citada solicitud, agregó el desaforado legislador, se registró en la Sección Instructora con el número de expediente SI/LXIV/DP/01/2021.
Indicó que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó la iniciativa para elaborar un Dictamen y, una vez aprobado, se le regresó para su votación en el pleno, erigido como Jurado de Procedencia.
Señaló que con ello se le violaron sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 1, 16 y 72, incisos D y G, estos últimos relativos a los procedimientos llevados a cabo en el Congreso de la Unión.
El juez de amparo que conoció de la demanda presentada el lunes pasado, dijo que con el relato expuesto por Toledo se advierte y actualiza una causal de improcedencia.
Recordó que, de acuerdo con la ley, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones del Congreso Federal o diputaciones permanentes relativas a la declaración de procedencia o juicio político.
“El artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal… respecto de asuntos de declaración de procedencia y en juicio político”, precisó.
Mencionó que el procedimiento de declaración de procedencia, previsto en el artículo 111 constitucional, tiene por objeto remover a los servidores públicos la inmunidad procesal o fuero constitucional.
Y ello es facultad que la Constitución federal da a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (para proceder penalmente contra servidores públicos que hubieren incurrido en algún delito), y sus determinaciones son inatacables.
Dijo que, en el caso de Toledo, él mismo reconoció que los actos reclamados surgieron de un procedimiento emanado de un dictamen de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dentro de un juicio de procedencia.
“Es por ello que se considera que el presente juicio resulta improcedente, debido a que los actos reclamados por el promovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra la cual, no procede el juicio de amparo. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo”, concluyó.
Se trata del segundo juicio de amparo que promueve Toledo contra su desafuero, ninguno de los cuales ha prosperado.
