El balotaje presidencial en Perú finalizó el domingo sin contratiempos entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo en medio de una crisis generalizada causada por el COVID-19.
La televisora local América reveló una encuesta a boca de urna realizada por la firma Ipsos Perú que arrojó a Fujimori con 50.3 por ciento frente a Castillo con 49.7 por ciento. El margen de error es de tres puntos porcentuales. “Es un empate estadístico”, dijo Alfredo Torres, director de Ipsos.
La oficina nacional de procesos electorales anunció que sus primeros resultados serán emitidos media hora antes de la medianoche producto del conteo de las actas electorales.
Quien gane el balotaje presidencial gobernará por cinco años desde el 28 de julio de 2021 hasta el 28 de julio de 2026.
Ambos candidatos prometen vacunar contra el nuevo coronavirus a toda la población y son conservadores en temas sociales. Se oponen al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. El campo de batalla entre los dos candidatos radica en el modelo económico.
La pandemia remeció a Perú, que se jactó de ser la estrella económica regional por sus buenos datos macroeconómicos en 20 años, pero no reparó en la informalidad laboral mayor a 70 por ciento y sus pésimos servicios públicos en salud y educación.
El país lleva casi tres décadas de gobiernos amigos del libre mercado sin intervención estatal en el sector empresarial debido a una Constitución escrita en 1993 bajo el gobierno del padre de la candidata Fujimori, el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condenas por corrupción y su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos en su gestión.
Paul Pérez, de 45 años, se mostró resignado. “Los peruanos estamos acostumbrados a este tipo de decisión, de quedarnos con dos opciones, que dejan mucho que desear”. Por su parte, Felipa Yanacris, de 61 años, dijo que buscaba el cambio. “Estamos esperando hace 30 años... nosotros desesperadamente queremos cambio”, indicó la mujer.
Keiko Fujimori busca mantener el mismo sistema, mientras Castillo anhela reescribir la Constitución para modificar el sistema económico y lograr más ingresos para educación y salud con la participación del Estado en la extracción de recursos naturales como la minería, el petróleo y gas.
“El Perú es un caso de éxito en crecimiento económico, pero, a su vez, de no éxito de un crecimiento social e incluyente”, dijo al diario capitalino El Comercio Santiago Levy, ex vicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Finanzas.
El virus provocó 10 millones de pobres que viven con menos de tres dólares por día, decenas de miles de negocios quebraron y hay más de 185.000 muertos, cifra que casi triplica las víctimas del conflicto armado entre el grupo terrorista Sendero Luminoso y los uniformados entre 1980-2000.
La hija de Fujimori también promete 2 mil 500 dólares a cada familia con al menos un muerto por COVID-19. Asegura que repartirá 40 por ciento de un impuesto por la extracción de minerales, petróleo o gas a familias que viven cerca de esas áreas extractivas.
Castillo ofrece de forma adicional, renegociar los contratos con multinacionales que extraen minerales, gas y petróleo en busca de más ingresos estatales. También asegura que cobrará deudas al fisco de poderosos grupos empresariales que suman más de 2 mil 400 millones de dólares.
Fujimori, sobre quien la fiscalía pide 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero, recibe apoyo de la élite económica local, así como de políticos de otros países, entre ellos, el opositor venezolano Leopoldo López, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el expresidente boliviano Jorge Quiroga.
Por su parte, el profesor izquierdista tiene adhesiones de los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y del exmandatario de Uruguay, José Mujica. Gran parte de los pobres también lo apoyan.
