Porque el presidente emprendió una lucha frontal contra las empresas factureras.
Una investigación de El País reveló que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma.
Las operaciones se realizaron a través de las llamadas factureras, empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.
"Los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales, según la información contenida en una base de datos proporcionada a EL PAÍS por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información", señala el reportaje.
Según el reporte, los servicios y bienes que se contrataron abarcan instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y hospitales militares.
La empresa que facturó el monto más alto a la Sedena fue Construglobal de Chiapas, que en 2013 y 2014 recibió 312,7 millones de pesos por la renta de maquinaria de construcción supuestamente utilizada en obras dentro de la unidad habitacional militar de Cintalapa, Chiapas.
La Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar es una de las áreas donde más se utilizó este esquema. Se usaron facturas falsas por 260 millones de pesos para la supuesta compra de insumos para la fabricación de armamento; y aunque la Auditoría Superior de la Federación sancionó a la empresa, los generales que fungieron como directores de Industria Militar en esos años no recibieron sanción.
Otra de las obras en las que se detectó el uso de facturas falsas fue la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
"El 20 de mayo de 2013 se firmó el primer contrato de colaboración entre la Sedena y la oficialía mayor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la primera etapa de la obra por 284,9 millones de pesos, según el documento entregado por el CJF vía transparencia. Posteriormente el PJF transfirió los recursos a la Sedena y ésta se encargó de subemplear a una serie de proveedores para realizar los trabajos. Entre las compañías contratadas hay tres que ya fueron declaradas como fantasma por el SAT y que recibieron un millón de pesos por la supuesta renta de maquinara", reveló El País.
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