El presidente de la República planteó el día de ayer, en la conferencia mañanera, que si el Poder Judicial considera que las reformas a la ley eléctrica que fueron aprobadas por el Congreso no son constitucionales, entonces él procedería a proponer una reforma a la Constitución.
Pareciera haberse dado un giro en la posición de AMLO, ya que previamente se había lanzado en contra del juez Gómez Fierro, que otorgó suspensiones provisionales, dejando sin efecto las reformas en materia eléctrica. Ahora, el planteamiento es que si hay rechazo del Poder Judicial, más bien buscará reformar la Constitución.
Pareciera abrir la puerta a la posibilidad de que el Poder Judicial, en última instancia la Suprema Corte de Justicia, decida echar para atrás la reforma.
Es perfectamente válido que el presidente tenga una visión diferente del sector energético respecto a la de su predecesor. Eso ocurrió también en el gobierno de Enrique Peña y por esa razón se procesó una reforma constitucional en la materia.
Lo que no es correcto es que a través de un Acuerdo, como pretendió el año pasado la Secretaría de Energía o de una reforma a una ley secundaria como ahora, se pretenda darle la vuelta a lo que dice la Constitución en materia de competencia y del mercado eléctrico.
El presidente sabe que en la actual circunstancia política no es alcanzable la mayoría calificada en la Cámara de Senadores para poder procesar una reforma constitucional.
Por esa razón, AMLO aludió ayer a que, finalmente serán los electores quienes diriman el tema con su voto en las elecciones de junio.
Señaló el presidente correctamente que la oposición apuesta a que Morena y sus aliados no lograrán alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que haría todavía más complicada la reforma constitucional.
El cree que sí.
¿Qué es lo que se puede proyectar por ahora respecto a la composición de la Cámara baja?
El sitio Oraculus, publicó esta semana un ejercicio de asignación de legisladores sobre la base del promedio de las encuestas que se han publicado hasta ahora.
El agregado de encuestas asigna a Morena un 42 por ciento de los votos; al PAN, 17 por ciento; al PRI, 16 por ciento; al Verde, 7 por ciento; al PT, 5 por ciento; a MC, 5 por ciento y al PRD otro 5 por ciento. Los partidos nuevos obtendrían proporciones más pequeñas.
Considerando los procedimientos de asignación de diputados plurinominales, Oraculus estima en su escenario base que Morena tendría el 48 por ciento de los asientos de la Cámara; el PT el 9 por ciento, y el Verde el 8 por ciento, lo que suma el 65 por ciento. Apenas por debajo de la mayoría calificada.
En realidad, considerando los márgenes derivados de las encuestas (que son ejercicios probabilísticos) la suma de Morena y sus aliados podría quedar entre 294 en un escenario bajo, hasta 354 en un escenario alto.
La mayoría calificada requiere de 331 asientos.
Es decir, el resultado final dependerá de las campañas y de los candidatos. No hay certeza de cuál vaya a ser el resultado respecto a la mayoría calificada.
Ayer, el presidente subrayó la trascendencia que para él tiene el contar con esa mayoría al plantear que iría por una reforma constitucional.
No cambiaría el Senado, pero sí el balance de fuerzas que eventualmente le permitiría obtener los votos necesarios para llegar a la mayoría calificada también en esa variable.
No lo dijo, pero seguramente iría por otras reformas.
Adicionalmente, hay que señalar que la siguiente legislatura en la Cámara de Diputados deberá reemplazar a tres consejeros del INE, entre ellos al consejero presidente, Lorenzo Córdova. Contar con mayoría calificada daría a Morena un margen de maniobra completamente diferente para definir la composición del INE que habrá de organizar las elecciones de 2024.
Y, eso no es poca cosa.
Si alguien no valoraba adecuadamente las elecciones de junio, más vale que lo vaya haciendo.
