Sonriente, con un talante resuelto, Jaime Bonilla declaró después de haber votado en la consulta de este domingo lo siguiente:
“Creemos que este ejercicio se debe de hacer más frecuentemente, porque son demasiadas las ocasiones en las que se toman decisiones sin consultar a la gente que es afectada. La gente de Baja California va a responder este día, estoy seguro que va a elegir las cosas bien y se va a hacer lo que los bajacalifornianos quieran que se haga.”
Una frase poco creíble para quien no le importó lo que las personas en Baja California votaron hace unos meses.
Vaya defensor de la democracia, ese que después de unos días decidió ignorar por cuánto tiempo lo votó el pueblo y ahora quiere perpetuarse a través de un cambio a la Constitución estatal, una consulta y un infame desconocimiento a las instituciones.
Pero detengámonos un poco, hay que recordar algunos elementos importantes de esta “consulta”.
El domingo 13 de octubre fue elegido por el Congreso local como el día en que sucedería la consulta estatal respecto al tiempo que debería permanecer el Gobernador en el cargo. Olvidando que fue votado por dos años y no cinco, olvidando que la legislatura pasada hizo toda suerte de tranzas para cambiar los tiempos establecidos. Olvidando todo, el actual poder legislativo decidió hacer una consulta para validar lo ilegal.
La boleta era el modelo a seguir de una mala consulta. El ciudadano se encontraba con el siguiente texto:
“¿Cuál piensa que es la mejor opción para nuestro estado?”. Las respuestas que se podían seleccionar eran las siguientes:
“Proyecto 5: Mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años en el gobierno.
Proyecto 2: Llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a 2 años.”
Quizás por lo tendencioso de la formulación solo hizo falta que la primera opción estuviera previamente subrayada.
Pronto salió a manifestarse Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a denunciar y alertar sobre este efecto sesgado en las respuestas, contrario a las garantías de cualquier proceso de consulta serio.
Pero eso no importó, la comisión extraordinaria del Congreso de Baja California siguió adelante con la “consulta”. Se reportó que una gran cantidad de casillas abrió de manera tardía en sitios desconocidos o de difícil acceso e incluso el Semanario Zeta dio detalle de funcionarios que se fueron con las urnas a sus casas porque “tenían hambre” y querían comer.
El pasado proceso electoral estatal en Baja California donde se dio como ganador a Jaime Bonilla fue una elección con una participación sumamente baja. Solo 30% de quienes podían acudir a las urnas lo hicieron. Aun así, participaron cerca de 760 mil personas, pero para la consulta del domingo fueron impresas tan solo 250 mil boletas.
Imaginemos que la jornada hubiera sido distinta, que hubiera logrado una participación multitudinaria, que la autoridad que la organizó hubiera dado certidumbre, que la pregunta y las opciones no hubieran sido tendenciosas.
Aunque imaginemos por un momento que todo ello hubiera sucedido, aun así persistiría un grave problema en lo que el Congreso de Baja California planteó: de haberse usado la totalidad de las boletas impresas tan solo una tercera parte de quienes participaron en la última elección habría podido emitir su voto. Con ello pareciera ser que para las y los diputados pesa más la opinión de quienes son convocados por sus consultas que la de todos los ciudadanos que participaron en la última elección constitucional.
Por donde se le vea, esta consulta es una farsa, una bajeza, un robo. Y por eso es importante denunciarla y difundirla, pues estos ejemplos no deben replicarse más en nuestro país. No podemos permitir que nuestro país siga viviendo gobiernos locales que replican la máxima de la ley de Herodes.
Sin haber llegado al cargo, Bonilla ha demostrado que está dispuesto a ejercer toda clase de abusos de autoridad para perpetuarse en el poder. Por eso, frente a ello, será fundamental estar atentos al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vendrá a partir de que se publique la reforma en aquel estado. Esperemos que los ministros defiendan la legalidad, la certidumbre y, sobre todo, la democracia.
