Despejada la tolvanera que dejó la captura de Dámaso López, el sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán dentro del Cártel del Pacífico, lo que no está nada claro es por qué y de parte de quién fue la detención.
Perseguido por Estados Unidos desde enero de 2013, no había una preocupación similar en México, aunque aparece en la lista de los 17 objetivos del narcotráfico –de un total de 122– que todavía faltan por detener.
El silencio de las autoridades mexicanas no ayuda a disipar las dudas, ni resuelve preguntas fundamentales: ¿realmente quería detenerlo el gobierno mexicano? ¿Había una investigación en su contra? ¿Se le detuvo por presión de Estados Unidos?
Por el contrario, sus declaraciones fragmentadas, junto a sus temores de comparecer ante la prensa, han llevado únicamente a contradicciones que muestran que la verdad del gobierno mexicano sobre la captura, es una verdad a medias.
La primera señal de que las cosas que decían las autoridades mexicanas eran parciales y confusas, se dio cuando, al celebrar la detención de López, el presidente del Senado, Pablo Escudero, declaró: “Es un éxito de la PGR y la Secretaría de la Defensa. Es una buena señal de cómo se están articulando las autoridades norteamericanas con la Marina, la PGR y la Defensa Nacional”.
Es decir, en la persecución y finalmente detención de López, participaron activamente las agencias de inteligencia estadounidenses. Ningún funcionario confirmó lo dicho por Escudero, pero tampoco lo negó.
El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, profundizó la confusión al asegurar, en un mensaje a medios, el martes –que originalmente se organizó como conferencia de prensa–, que la captura obedeció a una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.
Lo que dijo no se sostiene con los hechos, o las autoridades violaron el debido proceso de López, por lo que dado el garantismo actual de la Suprema Corte de Justicia, puede salir en libertad y las acusaciones desechadas como pruebas para mantenerlo en la cárcel.
Esto se explica porque si lo señalado por García Harfuch es cierto, sus agentes debieron haberlo llevado ante el juez que habría ordenado su detención con fines de extradición, y no trasladarlo directamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Según personas que conocen los procedimientos, las órdenes de un juez llevan mano sobre las diligencias de los ministerios públicos, y la captura fue por una orden judicial con fines de extradición.
Funcionarios federales confirmaron indirectamente la explicación de Harfuch, al señalar que sería cumplimentada una orden de aprehensión por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, y le serían imputados delitos flagrantes, que tendrían que ver probablemente con los paquetes de metanfetaminas que se encontraron en el departamento durante los cateos tras su detención.
La manera como se están tropezando las autoridades mexicanas en la explicación clara sobre el origen de la captura de López, no puede entenderse sin observar a la contraparte estadounidense.
El gobierno del presidente Barack Obama mantuvo sellado, sin explicación alguna, el expediente sobre López abierto en 2011, desclasificado el 7 de marzo de 2013 al iniciar el juicio en su contra en la Corte Este de Distrito en Virginia.
El 9 de enero de ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó junto con Inés Coronel Barreras, suegro de El Chapo Guzmán y condenado a 10 años de prisión, como los principales lugartenientes del capo sinaloense en la llamada Acta Kingpin, que prohíbe todas las relaciones comerciales y financieras de ciudadanos estadounidenses con ellos y sus empresas.
En noviembre de 2011 el gobierno de Estados Unidos solicitó la orden de aprehensión contra López, por lavado de dinero y tráfico de cocaína por 280 millones de dólares.
Las investigaciones se profundizaron en Estados Unidos, mientras que en México no se dio seguimiento. Una orden de aprehensión solicitada por la PGR en febrero de 2011, fue peleada en tribunales por López, quien obtuvo un amparo el 22 de noviembre de 2012.
Desde entonces no hubo nada en su contra hasta los últimos días, cuando se le detuvo como consecuencia directa, aparentemente, de un video hecho por un hacker y difundido por Carlos Loret en su programa “Despierta”, de Televisa.
Ese video cambió la dinámica dentro del gobierno mexicano al quedar expuesto ante la opinión pública. Loret dijo que había sido videograbado por una persona que, tras entregar el material, viajó a Estados Unidos para “ser protegido por ese país”.
¿Por qué tendría que ser protegido por Estados Unidos alguien que no sirvió a Estados Unidos? Quienes proporcionaron a Loret el video, no lo explican.
Tampoco por qué, si era un hacker infiltrado por los mexicanos, no le dieron protección. Expertos en la materia expusieron sus dudas sobre la versión del supuesto hacker y si en verdad existe tal personaje.
En todo caso, con la información disponible se puede argumentar que ese hacker no trabajaba para el gobierno mexicano, sino para el estadounidense.
Por lo tanto, sería un activo de los servicios de inteligencia de ese país, que tras cumplir con su objetivo, fue extraído para proteger su vida.
Esta acción sería consistente con la persecución en aquella nación contra López, y la decisión de explotar mediáticamente la presencia del narcotraficante en la Ciudad de México, para obligar a un gobierno pasivo a actuar y no ser exhibido como cómplice, voluntario o no, de los cárteles de la droga.
Todo esto, por supuesto, en la opacidad de las medias verdades sobre la captura de López.
