El nombre de Alejandro Gertz Manero ha estado en la más alta preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la última semana. Lo sacudió y molestó sobremanera que corriera la versión de que iba a renunciar al cargo, porque, en efecto, fue algo de lo que se estaba hablando en Palacio Nacional. Se desconoce cuáles podrían haber sido las razones de la eventual renuncia del fiscal, pero generaron un cisma en la Presidencia e instrucciones para que se buscara la fuente original de lo que no era en el fondo un rumor, sino una posibilidad real. Las versiones comenzaron a circular entre la clase política el miércoles por la noche, en coincidencia con que, la víspera, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para investigar un posible lavado de dinero.
El nombre de Gertz Manero figuraba como el número nueve de una lista que envió Pablo Gómez, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la CNBV para localizar las cuentas bancarias de varios funcionarios y exfuncionarios, así como miembros del gobierno de López Obrador vinculados al exconsejero jurídico de la Presidencia, políticos y empresarios, mediante las cuales presuntamente hubieran realizado operaciones financieras irregulares o ilegales. La lista fue primeramente reportada el sábado por la columnista de Reforma, Peniley Ramírez, que dijo que se trataba de 79 personas.
La columnista mencionó algunos de los nombres, los más atractivos para la opinión pública o que representen algo en la coyuntura actual. Este domingo, Roberto Rock añadió en El Universal algunos nombres más de los que figuran en el listado. Una buena parte de quienes fueron incluidos, como precisó Ramírez, surgieron a la opinión pública como dueños o socios de empresas off-shore en la investigación multinacional conocida como Pandora Papers, publicada en octubre. Sin embargo, el nombre del fiscal no emergió en esa filtración masiva de millones de documentos, lo que no significa que Gertz Manero sea ajeno a movimientos financieros en paraísos fiscales.
En noviembre de 2017, su nombre surgió en una investigación llamada Paradise Papers, al revelarse que el hoy fiscal era vicepresidente de Jano Ltd., una compañía de inversiones personales en las Islas Caimán con fines fiscales. La compañía, de la cual su finado hermano Federico era presidente y el beneficiario propietario, fue cerrada en 2009. Gertz Manero siempre negó conocimiento de Jano Ltd., o que hubiera administrado la firma. Sin embargo, la sombra y la sospecha de que estuvo más que directamente involucrado en operaciones financieras para evadir impuestos, lo ha perseguido desde entonces.
La solicitud de información de la UIF a la CNBV deberá proveer información sobre todos los movimientos financieros de Gertz Manero dentro y fuera de México desde 2012. Probablemente la cuenta revelada en los Paradise Papers ya no se incluya en la investigación, pero no así otra cuenta a través de una consultora de inversiones con sede en Panamá, llamada Operadora Invictus, que se encuentra en el corazón de una agresiva ofensiva judicial de Gertz Manero en contra de la familia de su hermano, que tiene en la cárcel desde octubre de 2020 a Alejandra Cuevas, a quien acusó de homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico, quien murió en 2015. La señora Cuevas es hija de Laura Morán, a quien también buscó Gertz Manero meter en la cárcel. Los jueces determinaron que no había delito, pero el fiscal ha seguido litigando asuntos privados aprovechando su cargo público, y logró que la Suprema Corte de Justicia atrajera el caso.
Este conflicto ha generado múltiples choques dentro del círculo interno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y roto alianzas que se pensaban infranqueables, con amenazas directas incluso del fiscal en contra de cercanos a Palacio Nacional que se abstuvieron de incurrir en ilegalidades para satisfacer su ira. La furia de Gertz Manero se avivó luego de que, a finales de septiembre pasado, los familiares de la señora Cuevas lo denunciaron en la UIF de haber sido directamente él quien realizó presuntos malos manejos de 7.8 millones de dólares en cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Quien dio entrada a esa denuncia e inició la investigación fue el exjefe de la UIF, Santiago Nieto, con quien Gertz Manero mantuvo una hostilidad abierta casi desde el principio del sexenio, hasta que fue cesado por un escándalo político relacionado con su boda. El relevo de Nieto, Pablo Gómez, se encontró con las denuncias e investigaciones abiertas, donde la petición a la CNBV, se puede plantear, responde a la responsabilidad que le fue asignada. Las cosas, sin embargo, no son tan simples.
Gómez, quien todavía no ha cambiado al equipo que tenía Nieto, estuvo solicitando audiencia con el presidente López Obrador la semana pasada para pedir orientación sobre los primeros pasos que debía tomar, a fin de que siga dentro de las líneas políticas marcadas en Palacio Nacional a Nieto en contra de quienes llama sus “adversarios”. El Presidente no lo había recibido, cuando menos hasta el momento en que envió la solicitud de información a la CNBV. Tampoco hay todavía reacciones a la difusión de la lista este fin de semana, que generará fuertes marejadas por el peso de varias de las personas incluidas que han estado cercanas al Presidente, al grupo de poder, o con quienes se han venido forjando alianzas en las últimas semanas.
La crisis en Palacio comenzó el miércoles al circular la versión de la renuncia del fiscal, que inquietó y molestó al Presidente. López Obrador ordenó una investigación interna para determinar quién filtró una discusión no concluida y que se mantenía en secreto, y desató una cacería de brujas dentro de la Presidencia, para encontrar a los o las responsables de la indiscreción. El Presidente atajó el jueves las versiones de la salida del fiscal y ganó tiempo, mientras Gertz Manero, hasta ahora, no ha concretado la amenaza. Todo sigue igual, pero todo está muy diferente.
