La oficina de los fiscales del Distrito Sur de Florida informó hace unos días que Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, exalcalde de Aguililla y presunto líder de los Cárteles Unidos, tuvo su primera audiencia en la Corte tras ser extraditado de Guatemala, luego de haber sido acusado en 2021 por un gran jurado de haber traficado 500 kilos de metanfetaminas a Estados Unidos. Junto con él serán puestas en el banquillo de los acusados otras cinco personas, incluido su hijo Fructuoso Comparán Bedolla. El juicio abrirá la puerta a detalles de la penetración del narcotráfico en Michoacán, que ha salpicado a importantes cuadros de Morena desde hace más de una década, y toca de manera incómodamente cercana al actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.
Ramírez Bedolla ha minimizado lo que está pasando en Florida. Es un tema agotado, declaró el lunes, explicando con lógica absurda los porqués de su descalificación. Dijo, por ejemplo, que el tema surgió de la desesperación del PRD, porque Comparán Rodríguez fue alcalde de Aguililla por ese partido, y que, en el fondo, era una maquinación de su antecesor, Silvano Aureoles. O es un ignorante o es un mentiroso o, por miedo, se fuga para delante. La investigación no tiene que ver con el PRD, ni actuaron los fiscales en función de intereses partidistas coyunturales. Pensarlo seriamente sería una tontería.
Pero de alguna manera se entiende. Comparán Rodríguez, que fue identificado como el líder de Cárteles Unidos, que luchan contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la Tierra Caliente michoacana, fue pareja de su tía Anabel Bedolla, y Comparán Bedolla es su primo hermano. El gobernador dice que no tiene nada que ver con sus pasos criminales, su nombre no aparece en la acusación pública, ni tampoco en el comunicado sobre la extradición de Comparán Rodríguez. Pero el juicio será el que determine si salen salpicados él u otros políticos del estado.
Michoacán, no hay que olvidar, es un estado fallido prolijo en la narcopolítica.
Ramírez Bedolla disparó en defensa propia contra el PRD, del que era militante al mismo tiempo que su tío era alcalde, a donde llegó después de haber sido parte de los grupos de autodefensa en Michoacán, que estaban infiltrados por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuando todavía pertenecían al Cártel de Sinaloa y eran los responsables de llevar los precursores de metanfetaminas del puerto de Manzanillo a Jalisco, pasando por la Tierra Caliente michoacana. Pero el gobernador o soslayó hechos o fue deliberadamente omiso.
Comparán Rodríguez fue alcalde de 2008 a 2011, y su mandato coincidió con el del gobernador Leonel Godoy, que en ese entonces estaba en el PRD. En 2009, el alcalde y otros nueve presidentes municipales, junto con 16 funcionarios del gobierno de Godoy, fueron detenidos por el Ejército y la Policía Federal por presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Los dejaron en libertad porque, en ese entonces, el procurador Eduardo Medina Mora no quiso judicializar las llamadas telefónicas entre los detenidos y los narcotraficantes, por lo que la prueba madre del caso se desvaneció. La única prueba judicializada, tiempo después, fue una grabación de Julio César Godoy Toscano, diputado por el PRD, con Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los jefes de La Familia Michoacana, donde se escuchaba la camaradería y la petición para que abogara por la organización criminal con su medio hermano, el gobernador Godoy.
Godoy Toscano, que estaba en libertad por un favor que le hizo el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al gobernador, desapareció y no se sabe nada de él hasta la fecha. La Familia Michoacana se transformó años después en Los Caballeros Templarios, organización a la cual también vincularon al tío del gobernador Bedolla.
La relación de políticos michoacanos con el crimen organizado ha estado flotando en el aire desde el primer lustro de este siglo, cuando el entonces gobernador Lázaro Cárdenas pidió apoyo al presidente Felipe Calderón para combatir la presencia creciente de los cárteles. A raíz de ello comenzó la llamada ‘guerra contra las drogas’, que ha sido utilizada por el gobierno federal para atacar al expresidente y justificar la violencia que tiene doblegado al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ramírez Bedolla ha buscado sacudirse toda relación incómoda parafraseando al Presidente. “Nosotros estamos protegidos”, dijo recientemente el gobernador. “Nos protege nuestra integridad, nuestra honestidad a toda prueba”. Los actos de fe en materia de narcotráfico y honestidad son la marca del régimen, pero no resuelven los problemas de fondo, que empiezan a mostrar su profundidad en las acusaciones en la Corte de Miami, que con retórica no podrá alejar el gobernador.
Según las imputaciones, su tío y otro de los detenidos, Alfonso Rustrián, se entrevistaron en Cali, Colombia, en enero del año pasado, con una persona que creían lavaba dinero y se presentaba como narcotraficante vinculado con la organización islamista Hezbolá. En esa reunión acordaron el suministro de cientos de kilogramos de metanfetaminas, a través de un canal terrestre que partía de México, cruzaba Estados Unidos por Texas y se entregaba en Miami. Tan pronto como entregaron el primer cargamento en marzo de 2021, fueron detenidos sin que alcanzaran a distribuir la droga en el mercado estadounidense.
Pero la tubería de metanfetaminas que nacía en Michoacán no podía haberla construido Comparán Rodríguez sin una red institucional que le permitiera trabajar a Cárteles Unidos sin sufrir el acecho y ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha buscado quedarse con la Tierra Caliente michoacana. Para evitar su entrada al estado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Ejército. Al poco tiempo hubo denuncias públicas sobre apoyos que le daban para enfrentar a la organización del Mencho, Nemesio Oseguera. Las acusaciones no fueron probadas, pero en los hechos, el Jalisco Nueva Generación fue contenido, mientras Cárteles Unidos, que tiene menos capacidad de fuego que sus adversarios, se reagrupó y siguió traficando drogas.
