Dispararle al mensajero es un recurso que utilizan los políticos para esconder deficiencias de su actuar, errores, actos criminales o encubrimientos. Y eso fue lo que hizo esta semana el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuando dijo que dos periodistas, Luis Chaparro y Azucena Uresti, habían puesto en peligro su vida. El primero por publicar lo que sus fuentes de información –que a lo largo del tiempo han probado ser bastante confiables– le dijeron: que no había evidencia de que hubiera entrado a Estados Unidos el mismo día en que Ismael el Mayo Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa, lo ubicó en la reunión donde lo capturaron. La segunda, por retomar la revelación y entrevistar a Chaparro.
Rocha Moya sintió que publicar que no estaba donde dijo que estaba, lo colocaba en una situación de riesgo. Curioso que el gobernador enfilara sus críticas y denuncias contra periodistas que sólo estaban haciendo su trabajo. Chaparro, en un ejercicio de periodismo básico –que paradójicamente suele no hacerse en México–, buscó checar la información. Uresti, que ha buscado 12 veces al gobernador para que dé su versión de los hechos, no le ha tomado el teléfono. Los periodistas no lo pusieron en riesgo; al revés. Tras su señalamiento, Chaparro recibió amenazas de muerte.
Lo que ocultó el gobernador con esa fuga hacia delante fue el fondo de esta discusión. Quien le prendió fuego a su hoguera fue el Mayo Zambada, que en una carta pública señaló que Joaquín, el hijo de su viejo socio Joaquín el Chapo Guzmán, le tendió una trampa al invitarlo a una reunión como mediador entre Rocha Moya y el diputado Héctor Melesio Cuén, para resolver un enconado conflicto entre ellos por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ambos fueron rectores.
La UAS ha sido el vórtice de la política en el estado, con grupos radicales en diferentes momentos de su vida y, en los últimos años, una de las cajas negras donde se encuentran algunas claves del narcotráfico. Desde hace tiempo la universidad estaba en disputa entre las facciones que respondían a Rocha y a Cuén, y el conflicto llegó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que instruyó al gobernador en diciembre que lo solucionara, lo que sucedió después de la captura y el asesinato de Cuén en el lugar de la reunión, la persecución de las autoridades universitarias por parte de la fiscalía de Rocha Moya, y nueva Ley Orgánica en la UAS que raya en la ilegalidad.
Rocha Moya ha negado las afirmaciones de Zambada, pero la Fiscalía General de la República investigó algunos de sus señalamientos y corroboró que había existido ese encuentro y que el asesinato de Cuén no fue como aseguró la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, sino que el crimen fue en el rancho donde el capo dijo que había estado también el gobernador. Extrañamente, ni él ni ella han sido investigados por su presunta responsabilidad en los hechos. Por el contrario, López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum lo han respaldado incondicionalmente.
Todavía como presidente, López Obrador le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que hablara con el gobernador, que según una queja posterior, sólo le había dicho mentiras. Gertz Manero le dijo a López Obrador que tenía sospechas de que no había viajado a Los Ángeles, como aseguraba, a lo cual se agregó un dato posterior de que Rocha Moya había enviado su dispositivo móvil a Estados Unidos, para que el GPS mostrara que sí había viajado. Lo que hizo Chaparro fue corroborar lo que ya le habían informado al entonces presidente.
El gobierno de Estados Unidos no ha aportado ninguna información o documentación sobre la captura de Zambada o sobre Rocha Moya, quien, de acuerdo con un informe que le dieron a López Obrador, efectivamente organizó la emboscada contra el capo y entregó al jefe del Cártel de Sinaloa a los estadounidenses. La carta de Zambada refleja la molestia contra el gobernador, y lo señala claramente como un político que tenía una relación estrecha con él y con Los Chapitos.
Señalar a Chaparro y a Uresti como las personas que ponen en riesgo su vida es un absurdo. Su vida sí corre peligro, pero no por los periodistas sino por la denuncia de Zambada, por lo que considera el jefe del Cártel de Sinaloa como una traición. Informes que tienen en Palacio Nacional plantean la posibilidad de que pueda ser objeto de un asesinato.
Pero Rocha Moya no está solo. De manera inexplicable Sheinbaum le ha mantenido su respaldo y echó a la prensa la responsabilidad primaria de investigar si había viajado o no a Los Ángeles. Esto es una omisión de sus responsabilidades. El gobierno, a través de su fiscalía y los ministerios públicos, es el que tiene la obligación legal de investigar a Rocha Moya y sus presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa, no la prensa, que por lo demás, es la única que ha ido aportando datos sobre este caso.
La indolencia gubernamental tiene fecha de caducidad. Este viernes, en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, el Mayo Zambada escuchará las acusaciones que tiene la fiscalía en su contra. La audiencia será breve, y podrá declararse inocente o culpable, o incluso allanarse. Será el principio de un juicio donde surgirán probablemente nombres de personas en México, de todos los sectores, con quienes tuvo relación o que estuvieron en la nómina del Cártel de Sinaloa durante más de 30 años.
El Mayo Zambada ya comenzó a platicar con los fiscales en Brooklyn y para Rocha Moya y para la Presidenta que lo respalda, la probabilidad de que repita la acusación que adelantó en su carta pública es enorme. Peor aún para ambos, vista la experiencia del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, recién sentenciado a 38 años de cárcel por haber trabajado en favor del Cártel de Sinaloa, lo que diga Zambada, contra quien desee él o los fiscales, podrá ser tomado como verdad, aunque no presente prueba alguna de sus dichos.
