El negocio del robo de combustible es un gran negocio. Todos los cárteles de la droga han expandido sus actividades criminales hacia la ordeña de los ductos de Pemex, porque es lo que más dinero les está dejando. Una célula de Los Zetas, que es la organización que comenzó la ordeña de manera organizada como un negocio colateral al narcotráfico y contrabando humano, obtiene un promedio de siete millones de pesos semanales. Diariamente, en la hoy famosa zona del Triángulo Rojo, en Puebla, las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto es de dos millones de pesos diarios. Tan grande es el valor de esa actividad, que Pemex reconoce que el año pasado perdió 30 mil millones de pesos por el combustible que extrajeron de sus ductos. La merma financiera para Pemex es monumental, pero el problema, que es viejo, no había sido atacado de manera abierta y enérgica como hasta este mes. La muerte de cuatro soldados derrumbó la negligencia gubernamental, que era asombrosa.
Tuvieron que suceder dos ataques directos a soldados en el Triángulo Rojo, la zona de mayor incidencia de robo de combustibles, a principio de mayo –cuatro militares murieron en uno de los enfrentamientos con los criminales– para que el gobierno cambiara su actitud y tomara con seriedad el combate a esos grupos criminales. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto, para que se enfrentara en forma transversal el fenómeno criminal, se dio únicamente al final de todo un año de conflicto en esa zona huachicol, cuya reacción, no prevención, es la narrativa de cómo este crimen les estalló en las manos.
El presidente Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde hace unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trauwitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir el robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones, recuerdan que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.
El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales, porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea sigue permeando en el gobierno federal y se está investigando en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, sobre todo en el periodo 2014-2015, era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada por los militares. Un enfrentamiento entre soldados y policía estatal en Amozoc, uno de los seis municipios de la zona huachicolera, por el manejo del combustible robado, hizo emerger la corrupción institucional, pero el expediente se congeló por el daño que haría a la imagen de los gobiernos, pero particularmente al Ejército.
Pese a esas señales de alarma, no se hizo nada. José Antonio González Anaya relevó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex a principio de 2016, y entre las cosas que cambió drásticamente, fueron las acciones en marcha para enfrentar la ordeña de ductos. Canceló el proyecto de desarrollo de trazadores que estaba realizando una empresa privada mexicana, por falta de presupuesto, y también paró una negociación con una empresa colombiana, que vendía un sistema que utilizaba una especie de pelotas que corrían por los ductos y que en el momento que se registrara una perforación, tapaban el orificio.
El descuido se potencia porque en el Triángulo Rojo se incrementó el desafío de los criminales este año: el 11 de febrero asesinaron al regidor de Industria y Comercio de Quecholac, en un enfrentamiento contra huachicoleros; el 9 de marzo asesinaron a tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto cuando investigaban a una banda dedicada al robo de combustible; el 16, periodistas y ONG denunciaron amenazas de muerte de huachicoleros en esa zona; el 27, los habitantes de la zona atacaron un convoy militar para evitar que se llevaran dos camionetas con combustible robado; el 26 de abril, los huachicoleros atacaron un destacamento militar en respuesta a un decomiso de otros vehículos con combustible robado; y en mayo, el 3, huachicoleros y pobladores de Palmarito atacaron a militares y mataron a cuatro soldados, y tres días después, cuando los militares se llevaban otras camionetas con combustible robado, volvieron a atacar a un destacamento militar en la misma comunidad.
Sólo así reaccionó el gobierno. El Presidente ordenó el envío de dos mil 500 soldados a la región, para reforzar a los 500 policías estatales enviados para combate y control en la zona huachicolera. En Pemex restablecieron las negociaciones –aunque los costos se elevaron 100% en todo el tiempo de abandono–, y el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, a manera de reclamo, afirmó: hubieron omisiones y fallas de autoridades para proteger el combustible mexicano. Tiene razón. Este problema ya cumplió 14 años de edad, pudrió a las comunidades y corrompió a las autoridades. Otro capítulo más de la microhistoria mexicana.
