Bien dice un amigo que hay quienes para toda solución, siempre tienen un problema. Hoy, la sentencia aplica a la circunstancia.
Algunas decisiones, acciones e iniciativas presidenciales están generando una atmósfera de incertidumbre en un momento delicado. Justo cuando la presión inflacionaria y la elevación de tasas en Estados Unidos desafían al Banco de México. Justo cuando la tensión política, la desesperación administrativa y la sucesión presidencial amagan a la acción de gobierno, la estabilidad política y la certeza jurídica.
Ciertamente, parte de esa atmósfera deriva de la atropellada transformación pretendida como también de la imposición de zancadillas, pero otra parte del error de ahondar problemas, en vez de resolverlos o, peor aún, de buscar problemas cuando hay solución.
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Tras resolver con tino desde junio el relevo en la gubernatura del Banco de México al postular al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, el mandatario no perdió la oportunidad de provocar un problema. Sin avisar, en agosto retiró del Senado la solicitud de ratificarlo en el puesto y a saber hasta cuándo anunciaría haber encontrado el problema a la solución.
Absurda de por sí la retractación, peor el momento en que el Ejecutivo se vio obligado a divulgarla: cuando el entorno reclama conocimiento, talento y experiencia en el gobierno del banco central.
Del motivo oficial o extraoficial para cambiar la decisión, ni a cuál irle. Si al mandatario lo conmovió la idea de colocar a una mujer al frente del banco, asombra la importunidad y torpeza con que procedió. Si lo molestó que –antes de las elecciones– Herrera manejara las participaciones federales conforme a la norma y no a la instrucción, asombra la persistencia del mandatario en confundir lealtad con obediencia y, por ello, maltratar y castigar a cuadros de Estado, al tiempo de abordar un asunto nacional de modo personal.
Como fuere, el Ejecutivo provocó un problema. Generó un sobresalto que, por lo menos, durará hasta que el Senado ratifique en el cargo a Victoria Rodríguez Ceja. Una servidora pública que a contrarreloj, bajo presión y en condiciones adversas deberá acreditar capacidad para llevar las riendas del Banco. Si no lo logra, el sobresalto no quedará en eso.
Si la prensa no hubiera advertido cuanto ocurría, ¿hasta cuándo el mandatario habría abierto la polémica decisión?
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Emprender obras públicas de la envergadura que el presidente López Obrador se comprometió a realizar antes del fin de sexenio, supone una hazaña y más cuando una pandemia, como la prevaleciente, irrumpe y afecta el compromiso, dejando por centenas de miles enfermos y muertos.
Si, aun así, se resuelve llevar a cabo esas obras, tal lance exige velocidad, mucha velocidad y, por lo mismo, cálculos, estudios, proyectos y planes mucho más refinados que los elaborados y reconocer con objetividad los requisitos legales a satisfacer, así como los recursos humanos y económicos con que se cuenta. Además, obliga a considerar el peso muerto supuesto en la burocracia y el freno impuesto por la resistencia de quienes dudan de la pertinencia y función de las obras.
Sin ese cuidado y haciendo prisa de la velocidad, el Ejecutivo arrancó y continuó esas obras. Ahora, quizá la desesperación lo apresa en el laberinto donde se encuentra. Emitir un decreto de dudosa validez jurídica a fin de blindar y, a la vez, opacar –sin querer o adrede– esas obras, no es una solución al problema, es otro problema.
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Si la decisión presidencial de abrir y ampliar precipitadamente la lista de suspirantes a sucederlo fue el temor a que la tragedia de la Línea 12 del Metro a dos más fuertes suspirantes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, fue un error: no solucionó, complicó el problema.
Pocos creyeron que, aparte de los mencionados, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, Rocío Nahle y Tatiana Clouthier formaran parte del elenco. No pegó la estratagema. Sí, en cambio, tuvo un múltiple efecto nocivo: aceleró la aspiración de Sheinbaum y Ebrard, despertó el ansia de Ricardo Monreal por colarse al concurso, sumó desde la sombra a Adán Augusto López y, ahora, comienza a contaminar la tarea de gobierno y el quehacer legislativo, así como la comunicación entre los involucrados en el rejuego.
Si hubiere conciencia y consecuencia del juego desatado, lo lógico sería levantar la famosa encuesta destapadora del preferido. Y, entonces, la corcholata pasar a Morena para, de ahí, irse a la candidatura, dejando trabajar al resto, incluido el maestro de ceremonia o encuestador mayor del partido.
Cómo va el juego no resuelve el rompecabezas, genera otro.
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Al ritmo que va la recolección de firmas para solicitar la revocación del mandato presidencial, pidiendo ratificarlo, pinta un fracaso.
La aritmética y el calendario nomás no dan para que el lopezobradorismo alcance el 25 de diciembre la mágica cifra de dos millones 758 mil firmas para solicitar la revocación y el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral tampoco permite organizarla y realizarla debidamente. Por lo demás, de lograr las firmas y garantizar el monto requerido para efectuarla, sería una infamia gastar tal cantidad de dinero en un ejercicio innecesario, sobre todo, cuando la cuarta ola pandémica despunta en el horizonte.
El absurdo de pretender fortalecer el mandato presidencial solicitando revocarlo, podría terminar por debilitarlo y engendrar un problema o reavivar el anterior.
Del corto circuito de la reforma constitucional al sector eléctrico que resolvía el problema de la reforma legislativa del sector eléctrico, mejor ni hablar.
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Convendría buscar solución a cada problema, en vez de tener problemas para cada solución. Dejar, pues, de cultivar la incertidumbre.
