Con lujo de perversidad, sin respeto al marco legal y abusando de recursos públicos, el régimen despliega una operación que tiene por objetivo eliminar a un adversario. Hoy esa embestida es en contra de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, pero mañana Morena podría apuntar tan antidemocrática metralla contra cualquiera.
La estrategia busca, por principio, destruir la reputación del diputado priista. Si se logra eso, y han empeñado en ello una disciplina que ya la quisiera el gobierno para corregir el desabasto de medicamentos o combatir la criminalidad, será innecesario proceder judicialmente en contra del presidente del Revolucionario Institucional.
Con la dispensa más que obvia de Andrés Manuel López Obrador, la titular del Ejecutivo de Campeche lleva más de dos meses manchando sistemáticamente la reputación de Alito, como es conocido el también exgobernador de esa entidad.
Lo que pretenden es crear un ambiente en la opinión pública completamente adverso al priista. Hacerlo culpable por sospecha de toda clase de delitos. Y el modus operandi es todo menos sutil: la gobernadora (es un decir) no sólo auspicia un montaje mediático para liberar audios ilegales que se atribuyen a Alito, sino que los comenta y sazona.
Es la técnica del rumor llevada a extremos propagandísticos delirantes.
Al difundir chismes o noticias interesadas sobre una persona –decir que anda en malos pasos o que algo lastimoso le ha ocurrido–, el público en general se podría tomar como lógico si luego una realidad parecida termina por concretarse.
Y si un rumor logra enturbiar el ambiente en torno a un actor público, si los chismes echados a andar con mano oculta logran predisponer una reacción ciudadana conformista frente a una calamidad, qué decir de programas semanales donde el gobierno instala un tribunal político y mediático.
No hay vida que resista la mirada inquisitiva del aparato gubernamental si éste ha decidido –violentando el derecho a la privacidad– presentarla de manera negativa ante el público. Ninguna.
Por eso, por lo pernicioso que puede llegar a ser un gobierno, éste debe ser el primero en respetar la presunción de inocencia. Por eso, sin importar el personaje, simpático u odioso, popular o antipático, las acciones de fiscales y policías se han de apegar a las leyes. Y por eso no se pueden intervenir conversaciones privadas sin orden judicial, y mucho menos difundirlas.
El gobierno, sobra decirlo, tiene derecho y obligación de investigar la comisión de presuntos delitos. Máxime si los autores de éstos tuvieron o tienen posiciones de poder desde las que podrían urdir condiciones de impunidad.
No sería novedad que la motivación de unas pesquisas oficiales fuera la venganza por pactos políticos rotos o para cobrar afrentas. Empero ley ampara la inocencia, y obliga a las autoridades a probar, en un juzgado y con las garantías para los acusados, sus alegatos. En una democracia, pues, los métodos cuentan.
Asistimos en cambio a una desaforada y vergonzante cacería diseñada en Morena y prohijada por López Obrador.
En su desenfreno, Layda Sansores violenta además a mujeres dedicadas a la política al deslizar, sibilina, acusaciones calumniosas en torno a supuestas fotografías de diputadas. Intolerable.
La mala noticia es que este “todo vale” podría mostrar muy pronto su eficacia.
Aunque Alito no haya pisado un juzgado, el régimen ya cuenta con nuestra complicidad para que su defenestración sea vista como lógica y hasta necesaria.
Habrán logrado la caída del priista violando la ley, y estando muy lejos de haber probado ante un juez su culpabilidad.
Asistimos a una desaforada y vergonzante cacería diseñada en Morena y prohijada por AMLO
