Un juez federal decidió mantener en prisión preventiva a Rosario Robles, exfuncionaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Se le acusa por “omisión” al no informar a su superior jerárquico del desvío de 5 mil 73 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando fue titular de ambas dependencias.
Según la FGR, la exfuncionaria supo que sus colaboradores asignaron de forma irregular decenas de contratos a universidades y empresas “fantasma" y se le señala por no haber hecho nada para impedir el desvío, ni tampoco informar al presidente sobre lo que estaba ocurriendo.
La Estafa Maestra es el nombre de una investigación periodística publicada en 2017 y surgida a partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto del gobierno en 2013 y 2014, en el que se documentaron irregularidades en la asignación de contratos, entre ellas, las ocurridas con Sedesol y Sedatu.
El pasado 13 de agosto, Rosario Robles cumplió dos años de estar presa en el penal de Santa Martha Acatitla, con lo que habría superado el tiempo máximo establecido que una persona puede estar en prisión preventiva sin recibir una sentencia.
Desde que se le fue impuesta la medida cautelar, los abogados de la exfuncionaria han asegurado que su cliente es víctima de una "persecución política" del gobierno de López Obrador, al ser personaje de más alto nivel encarcelado por el caso, que involucra a varios colaboradores del expresidente Peña Nieto.
En agosto de 2020 durante un evento realizado en El Colegio de México el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, declaró que existe un trato diferenciado entre el caso de Rosario Robles y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de corrupción, porque este último aceptó los cargos y decidió cooperar con la autoridad.
Hasta el momento, Robles se ha declarado inocente y no ha establecido acuerdos con la Fiscalía ni se ha acogido a criterios de oportunidad, como el hecho de revelar información que pudiera dar con otros responsables del caso a cambio de beneficios como el proceso en libertad, tal como ocurre con Lozoya, quien recientemente fue captado comiendo en un lujoso restaurante.
Durante la reciente audiencia del 20 de octubre, el juez determinó, por séptima ocasión, que Robles Berlanga debe continuar en prisión, en esta ocasión, el argumento fue el riesgo de fuga existente.
Además de la prisión, Robles está inhabilitada por 10 años para ocupar cualquier cargo en el servicio público. Esta decisión impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue ratificada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De acuerdo con Animal Político, entre los pasos a seguir están que los abogados tienen tres días hábiles para promover un recurso de apelación en contra de lo resuelto por el juez Villar Ceballos para que un tribunal superior revise el caso.
Más allá de lo que se resuelva con las apelaciones, se espera que el juicio oral por el caso de la Estafa Maestra se realice en el verano de 2022. Hasta ahora es la única exsecretaria de Gobierno procesada por este caso de corrupción.
El caso también involucró al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, actualmente en prisión por utilizar 128 empresas "fantasma" para desviar presupuesto estatal.
