El 10 de junio de 1971, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocaron a una manifestación en apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La movilización se llevó a cabo en el Casco de Santo Tomás, en el norte de la Ciudad de México.
Más de 200 jóvenes de entre 14 y 22 años fueron asesinados por el grupo paramilitar llamado "halcones". Sin embargo, el gobierno encabezado por el entonces presidente Luis Echeverria Álvarez no encontró culpables y la justicia no ha llegado a los responsables de la masacre.
¿Cómo va el caso? ¿Podría reabrirse a 51 años del suceso y con 100 años del exmandatario? Aquí te contamos.
"PIDEN ACCIONES CONCRETAS"
Durante la conmemoración de este trágico hecho, organizaciones encabezadas por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas aseguraron que la masacre del 10 de junio de 1971 “jurídicamente no está cerrada, ni concluida”.
Además, demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “que las iniciativas que ha emprendido para poner un alto a la impunidad, se traduzcan en hechos reales y contundentes” para llevar procesos de justicia eficaces y expeditos".
Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, dijo en entrevista para Nación 321, que desde Gobierno Federal existen diversas iniciativas, entre ellas la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre los años 1965-1990, pero refirió que “nosotros decimos que lo que se requiere son hechos concretos”.
"Nuestra demanda es que las iniciativas que ha emprendido este Gobierno para poner un alto a la impunidad se traduzcan en hechos reales y contundentes que conduzcan a procesos de justicia eficaces y expeditos, no queremos actos de simulación que estén lejos de garantizar la justicia", dijo.
Indicó que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha emprendido acciones concretas para resolver el caso. Tampoco ha dado indicios de que dicha comisión comience a operar para llamar a los resposables de la masacre a declarar, incuido el expresidente Echeverria, quien este año cumplió 100 años de edad y es el principal señalado.
"La larga vida del expresidente Luis Echeverría le ha permitido asistir, como fantasma de sí mismo, al juicio condenatorio de la historia que ha documentado su responsabilidad en la ejecución y matanza de ciudadanos la tarde del 10 de junio de 1971 en el barrio de San Cosme de la Ciudad de México. A falta de justicia, la sociedad mexicana se lo reclama públicamente cada 10 de junio, una fecha que gracias a las acciones de varias generaciones y distintos actores sociales forma parte de la memoria colectiva", declaró.
SIN ACCIONES
Recordó que “la justicia nacional arbitrariamente” cerró el caso, y por ello en el 2006 interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “por denegación de justicia y por atropello de los derechos de los quejosos”.
Sin embargo, indicó que hasta la fecha no ha habido una respuesta precisa por parte del Estado mexicano sobre los requerimientos que le ha hecho dicho organismo internacional.
Afirmó que en un principio la administración federal de ese entonces “respondió alguna cosa que fue insatisfactoria para la CIDH y (ésta) volvió a precisar la información que le estaba requiriendo, en concreto los expedientes de las diversas dependencias que estuvieron involucradas en la represión del 10 de junio. El gobierno mexicano, en aquel momento ya con Felipe Calderón, respondió que nosotros los quejosos teníamos todavía la posibilidad de recurrir a instancias de la justicia mexicana, lo cual en términos procesales es incorrecto, por lo tanto la respuesta es una burla para la propia CIDH”, dijo Hernández Gamundi.
Tras esta respuesta, mencionó que “la Comisión volvió a pedir que el gobierno mexicano respondiera y ahí sigue el silencio hasta el día de hoy”.
PIDEN REABRIR EL CASO
Por su parte, Víctor Guerra, también integrante del Comité 68 ProLibertades Democráticas dijo que el expresidente Luis Echeverría fue exonerado en 2009 por falta de evidencia tangible, y aún se desconoce el número real de personas muertas, desaparecidas o heridas. Aseguró que él era el principal responsable de ordenar el ataque contra los estudiantes.
Señaló que a más de cinco décadas de aquel 10 de junio, no se ha alcanzado la justicia, por lo que exigió que al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que reactive el caso, ya que consideró que se trata de un delito grave.
"Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, es el Estado el responsable de garantizar el pleno acceso a la justicia, y en este y en todos los casos que se han sumado a la larga lista de agravios en contra del pueblo mexicano, y que hacen vigente nuestra lucha contra la impunidad sostenida hasta el presente", expuso.
LOS HECHOS
La también llamada "Matanza de Corpus Christi", ocurrida el jueves 10 de junio de 1971, fue una sangrienta represión contra universitarios que apoyaban los reclamos de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Profesores y estudiantes de dicha universidad habían presentado a fines de la década de 1960 una ley orgánica que proponía un gobierno paritario, y en 1971 llegó a la rectoría, ya bajo esa ley, Ulises Leal Flores, académico que había encabezado el movimiento a favor de la autonomía de la Universidad.
El gobierno estatal no estuvo de acuerdo con esa regulación, y en respuesta, redujo los presupuestos y obligó al Consejo Universitario a suprimir la autonomía universitaria. Los estudiantes iniciaron una huelga, y distintas universidades del país les dieron su apoyo, entre ellas, la UNAM y el IPN.
Ese jueves, la marcha estudiantil partió del Casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. Desde allí avanzaría por la avenida México-Tacuba, con dirección al Palacio Nacional, sin embargo, un bloque de policías y granaderos intervino la Avenida de los Maestros, en Azcapotzalco, cuando los llamados "halcones”, un grupo paramilitar integrado por jóvenes provenientes de barrios marginales de la capital del país, que había sido entrenado por militares mexicanos y estadounidenses, abrió fuego contra los estudiantes.
De acuerdo con los testimonios históricos, las avenidas San Cosme y Melchor Ocampo llegaron tanques y camiones que transportaban contingente policiaco. Los Halcones llevaban pancartas sumadas a la manifestación, por lo que se confundían entre la multitud.
Con balas calibre 45 y carabinas 30 M-2 ejecutaron a jóvenes manifestantes, quienes corrieron para poder salvar sus vidas. No obstante, la persecución acabó horas después; hombres armados intimidaron en las salas de urgencia de los hospitales a médicos y enfermeras para que no atendieran a los manifestantes heridos, pues según los activistas, la orden no era disolver la manifestación, sino matar.
Esta acción se calificó como el "remate" de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz, ya que los periodistas también fueron atacados.
Tras la matanza, el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, reconocería que los "halcones" fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón "Olimpia" que atacó a los estudiantes en la masacre de 1968, en Tlatelolco.
PRIMERAS REACCIONES
En una primera reacción, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) indicó que con base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.
"Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas...Otro grupo cargó "contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre", dijo la PGR a El Universal.
Las autoridades constataron la "existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía".
Sin embargo, con el paso de los días, reconocieron que los "halcones" era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.
Alfonso Martínez, quien fungía como regente del entonces Distrito Federal y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos, mientras que el presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.
En el 2000, el Gobierno de México, encabezado por Vicente Fox, creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría Álvarez fuera procesado por "genocidio", pero no hubo éxito.
En 2002, Martínez dio su declaración cuando se encontraba internado en un hospital por problemas cardiovasculares y responsabilizió a Echeverría de ordenar la matanza.
Cuando el expresidente fue citado a declarar no acudió y en su lugar, pidió un plazo de 30 días para enviar sus declaraciones por escrito. No obstante, en la última uaudiencia a la que acudió aseguró que no pisaría la cárcel por la masacre de 1971 ni por la de 1968.
La Suprema Corte de la Nación (SCJN) determinó que ese delito no había prescrito para Luis Echeverría y su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.
Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de "genocidio", sino de "homicidio simple", que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.
Con información de Archivo General de la Nación y Proceso
