¿Habrá justicia?
Durante la comparecía del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño se le imputaron delitos por ejercicio indebido del servicio público tras el incendio de una estación migratoria el pasado 27 de marzo.
Con esta resolución, Francisco Garduño se convierte en el funcionario de más alto rango que ha tenido que responder ante la justicia; sin embargo, estaba previsto que recibiera la imputación formal desde el pasado 21 de abril, pero sus abogados solicitaron un aplazamiento para poder revisar la carpeta de investigación. Autoridades determinaron que será el próximo domingo cuando el juez defina si es vinculado o no a proceso.
Pero la Fiscalía General de la República (FGR) adelantó desde el pasado 11 de abril que iba a proceder contra el jefe del INM, la institución responsable de la estación migratoria en la que las víctimas fallecieron después de que se desatara el fuego y los custodios no les permitieran salir. Se trata de la mayor tragedia que ha habido en un centro de migración bajo custodia del Estado mexicano.
“Vengo a una audiencia”, dijo Garduño al llegar al juzgado, de acuerdo con el diario El País. Según el medio, el funcionario no dio más declaraciones a los medios antes de la vista.
Hace unas semanas, la FGR aseguró hace un par de semanas que Garduño incurrió “en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
En la audiencia de imputación, una fiscal federal declaró que el centro donde ocurrió el incendio no reunía las condiciones para albergar a los migrantes y que Garduño tuvo acceso a esta información, pero fue omiso, adelantó el periódico La Verdad de Juárez.
El funcionario se abstuvo de declarar ante el juez de control, según los primeros reportes; sin embargo, por el delito de ejercicio indebido de funciones se puede castigar con uno a siete años de cárcel, según el Código Penal Federal.
