Porque la cifra real de muertes por COVID-19 en México podría ascender a más de 330 mil
La renuencia de México a gastar dinero, realizar más pruebas, modificar la estrategia o reaccionar ante nueva evidencia científica contribuyeron a que el país sea uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un informe publicado esta semana por la Universidad de California, campus San Francisco.
México habría tenido una cifra de muertes significativamente menor si hubiera actuado ante la crisis sanitaria como el promedio de los gobiernos, de acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la UCSF, que también divulgó un informe que critica con dureza la respuesta de Estados Unidos al COVID-19.
La Secretaría de Salud de México dice que se han registrado cerca de 210 mil decesos por esta enfermedad en la nación de 126 millones de habitantes, pero debido a que se realizan muy pocas pruebas diagnósticas, reconoce que la cifra real es de unos 330 mil. Estados Unidos y Brasil tienen cifras más altas, pero sus poblaciones son de mucho mayor tamaño.
El hecho de que las autoridades no hayan recomendado el uso de mascarillas, implementado restricciones a los viajes, proporcionado suficientes pruebas y equipo de protección, ni establecido medidas de distanciamiento social, fueron algunos de los errores mencionados en el informe, el cual fue comisionado al instituto de la UCSF por el panel independiente creado por la Organización Mundial de la Salud para evaluar la respuesta de los gobiernos a la pandemia.
“Decisiones clave sobre cómo enfrentar la crisis de salud se basaron en supuestos injustificados, sin una evaluación suficiente de los riesgos que entrañaban dichos supuestos”, de acuerdo con el informe, que señaló una concentración excesiva de la autoridad y “una campaña gubernamental que priorizó mantener las apariencias y la política partidista antes que la salud”.
Por ejemplo, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, quien ha fungido como el encargado de la respuesta del país a la pandemia, dijo en repetidas ocasiones que portar mascarillas no protegía a la gente de contraer el COVID-19, incluso después de que crecía la evidencia de que su uso sí la protegía.
“No es una coincidencia que los países con el peor desempeño en su respuesta a la pandemia de COVID-19 tengan líderes populistas”, señala el informe. “Tienen rasgos en común, como minimizar la gravedad de la afección, desalentar el uso de mascarillas, dar prioridad a la economía en lugar de a salvar vidas, y negarse a unir fuerzas con sus oponentes políticos para desplegar una respuesta coherente”.
Ni López-Gatell ni el gobierno han comentado sobre el informe.
Por su parte, el exsecretario de Salud José Narro dijo que “aun cuando tiene algunas inexactitudes, la verdad (está) muy bien”.
Durante el transcurso de la pandemia, López-Gatell dijo que las pruebas masivas eran un desperdicio de dinero y energía. El gobierno también destacó la promesa de que había camas de hospital disponibles, cuando en realidad el sistema estaba saturado en muchos sitios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado con orgullo de no haberse endeudado durante la pandemia y de no haber lanzado programas de estímulo económico, pues está a favor de la austeridad. Sin embargo, el informe señala que la tacañería podría haber influido en las decisiones de no incrementar la cantidad de pruebas diagnósticas, ampliar el rastreo de casos y de adquirir rápidamente equipo de protección personal.
“Desde el principio, las autoridades de salud consideraron inútiles los esfuerzos para detener o contener el virus, defendiendo en cambio un enfoque de mitigación, así como la preparación del sistema de salud para atender a la minoría que requeriría atención médica”, según el informe.
Pero concentrar tanto poder en las manos de López-Gatell condujo al gobierno a seguir repitiendo los errores que cometió al principio. López Obrador lo asignó al puesto.
Y el costo de vidas humanas por los errores ha sido abrumador.
“Cada día le lloro a mi hijo” por las circunstancias en las que murió, dijo Martha Méndez Guevara, cuyo hijo, el periodista deportivo de televisión José Roldán Méndez, de 43 años, falleció a causa del COVID-19 en junio.
Méndez Guevara llevó fotografías de su hijo y una urna con sus cenizas a la Basílica de Guadalupe el miércoles para que fueran bendecidas en un altar improvisado para las víctimas de la pandemia.
Señaló que no puede juzgar si la respuesta de las autoridades a la crisis sanitaria fue suficiente, en parte porque no pudo ver a su hijo luego de que fue ingresado en un hospital público en mayo. “No sabemos si hicieron lo necesario para él; no dejaron que lo visitaran”, comentó.
El informe reconoció que el gobierno de López Obrador tuvo que lidiar con un sistema de salud que ya estaba abrumado y con “demoras en la búsqueda de atención médica por temor a que, una vez ingresada en un hospital, la persona pudiera contraer la enfermedad o morir”.
Eso significó que muchos pacientes llegaban a los hospitales en etapas avanzadas de COVID-19.
“Es probable que la alta prevalencia de enfermedades crónicas, en combinación con la falta de atención médica oportuna y de calidad, haya contribuido a una mortalidad relativamente alta por COVID-19 en la población joven de México”, señala el informe, refiriéndose a los altos niveles de obesidad y diabetes en el país.
Ello también provocó más decesos entre pacientes jóvenes: El 50.6% de todas las muertes por COVID-19 en México fueron entre personas menores de 65 años, en comparación con el 18.7% en Estados Unidos.
El gobierno dijo que no implementaría normas obligatorias de uso de mascarillas, confinamientos estrictos o prohibiciones de viaje, señalando que ese tipo de medidas violarían las libertades individuales. Pero el informe hizo notar que el gobierno ni siquiera siguió sus propias reglas, algo que, según el texto, hizo que para febrero la Ciudad de México fuese la segunda metrópolis más afectada por la pandemia en el mundo, detrás de Lima.
“Errores de cálculo por parte de las autoridades, o su manipulación del sistema de alerta epidemiológica establecido —que para el 4 de diciembre señalaba el nivel más alto de riesgo_, las llevaron a posponer la reintroducción de medidas estrictas de confinamiento en la ciudad hasta el 18 de diciembre”, señala el informe, refiriéndose a la escala de cuatro niveles basada en el número de casos, las hospitalizaciones y otras medidas que habrían provocado el cierre de negocios.
“Para entonces, a punto de comenzar las vacaciones de invierno, la transmisión ya se había disparado”, añade el texto.
