El pleno del Senado aprobó, en lo general, el dictamen mediante la cual se crea un padrón con los datos biométricos de los usuarios de teléfonos celulares.
De acuerdo con la oposición, este representa un ‘Big Brother’ que no sólo es inconstitucional, sino además representa una medida de un régimen autoritario.
La minuta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiónproveniente de la Cámara de Diputados, fue avalada con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, lo cual representa una votación dividida, ya que hubo senadores de Morena como Nestora Salgado, Héctor Vasconcelos y Napoleón Gómez Urrutia, entre otros, que votaron en abstención, e incluso hubo quienes votaron en contra como Jesusa Rodríguez.
En la discusión, la panista Xóchitl Gálvez consideró que esta reforma conlleva el riesgo de crear una herramienta inconstitucional y autoritaria que obliga a quien tenga una línea telefónica celular o una tarjeta SIM a registrar sus huellas dactilares y biométricas.
“Este dictamen es inconstitucional y atenta los derechos humanos que propicia un sistema de vigilancia de hostigamiento con carácter autoritario, indigno de un país democrático. Miren sólo países como China, Tajikistan, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela tienen este tipo de registros”, dijo.
Al presentar el dictamen, la morenista Lucy Meza argumentó que la creación de este padrón tiene la finalidad de inhibir en su totalidad los principales delitos que aquejan a nuestro país, como la extorsión y el secuestro, delitos que dejan ganancias a la delincuencia organizada de 12 mil millones de pesos al año.
El emecista Noé Castañón advirtió que la infraestructura y operación de este padrón costará 109 millones de pesos en el primer año solamente, por lo que de aprobarse este dictamen más que ayudar a combatir la delincuencia fomentará otro tipo de delitos y prácticas
“En definitiva, de aprobarse el presente dictamen más que ayudar a combatir a la delincuencia fomentará otro tipo de delitos y prácticas más elaboradas por el crimen organizado, generando un gasto innecesario por parte del Gobierno federal para la creación de este padrón”, aseveró.
Para el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, esta medida “constituye una medida propia de regímenes autoritarios que obstaculiza el derecho a la expresión anónima y facilita el monitoreo y control de poblaciones en relación con los derechos humanos en libertades fundamentales. Sólo existen 17 países que tienen un padrón de esta naturaleza, todos de corte autoritario”.
En estos momentos, se discuten las reservas; una vez que se avale en lo particular, esta reforma pasará al Ejecutivo para su promulgación.
