En el condado de San Diego, California, la implementación de un programa de vacunación contra COVID-19 no ha sido fácil debido al flujo diario de personas que cruzan la frontera con México.
Mucho antes de que el Gobierno de Biden anunciara un regreso a políticas migratorias más humanas, el cruce de San Diego era el más transitado del hemisferio occidental. Durante la pandemia, casi 100 mil personas al día han seguido cruzando desde Tijuana para trabajar o estudiar y luego regresan. Al menos otros 160 mil inmigrantes indocumentados viven en el condado.
Por eso, los funcionarios de salud locales están haciendo todo lo posible para vacunar a los jornaleros, parte de un esfuerzo mucho mayor para vacunar a la población latina de San Diego. Los latinos han sido afectados de manera desproporcionada por la pandemia, ya que representan el 56 por ciento de los casos de COVID-19 y el 44 por ciento de los decesos, pero solo el 33 por ciento de la población. Por el contrario, los blancos constituyen el 27 por ciento de los casos, el 37 por ciento de los decesos y el 46 por ciento de la población. Hasta ahora, solo el 17 por ciento de los latinos se han vacunado, en comparación con el 48 por ciento de la población blanca.
“El objetivo de nuestro esfuerzo de vacunación es vacunar a todas las personas aptas que circulan dentro del condado de San Diego, independientemente de su estado migratorio”, dijo la portavoz del condado, Sarah Sweeney.
La mayoría de los estados y condados de Estados Unidos han seguido criterios de vacunación relativamente uniformes para una dosis de un suministro aún limitado de vacunas contra COVID. La mayoría exige un certificado de residencia en el estado y cumplir con la edad. San Diego ha tomado un rumbo diferente. Su política actual permite a las personas vacunarse si pueden demostrar que trabajan o viven dentro del condado. Extraoficialmente, los centros de vacunación a menudo son aún más indulgentes, y administran vacunas a prácticamente cualquier persona que pueda demostrar que es trabajador de primera línea, mayor de 65 años o que tiene afecciones preexistentes.
Más de 17.5 millones de personas pasaron por los cruces fronterizos de San Ysidro y Otay Mesa desde Tijuana hacia EU en 2020, según la Oficina de Estadísticas de Transporte. El número real puede ser el doble, porque la mayoría de las personas que cruza regresa a México, pero la agencia no las contabiliza. Aunque esos cruces representan una disminución de 42 por ciento respecto a 2019, el flujo sigue siendo significativo, y consiste casi en su totalidad a personas que realizan lo que se ha calificado como viaje esencial. Eso incluye una amplia variedad de empleos, desde construcción hasta trabajar en una floristería.
La vacunación de jornaleros y residentes indocumentados en el condado es simplemente una buena política de salud, dicen los expertos. “Tiene sentido que el condado de San Diego los vacune”, señaló Amesh A. Adalja, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en Baltimore, Maryland. “Son personas que irían a los hospitales del condado y presionarían la capacidad hospitalaria”.
A unos mil 170 kilómetros al este de San Diego, está ocurriendo una situación similar a lo largo de la frontera en El Paso, Texas, donde los funcionarios han dicho que no se requiere prueba de residencia de nadie que intente vacunarse. Héctor Ocaranza, un médico que es el principal funcionario de salud de la ciudad, ha dicho que las personas que viven al otro lado de la frontera en Ciudad Juárez que se inscriban para recibir una vacuna en El Paso serán inoculadas en un esfuerzo por reducir el riesgo de propagación comunitaria, según el boletín Border Report.
La ciudad sigue los criterios de la Administración Biden, que establecen que todos los grupos prioritarios deben tener acceso a una vacuna, independientemente de su estatus migratorio. Eso incluye en los centros de vacunación masiva del estado, que son capaces de administrar miles de inyecciones por día. Estos centros deben vacunar a las personas que cumplan con los requisitos de edad y laborales, independientemente de dónde vivan, según Jordan Schupbach, portavoz de la ciudad de Amarillo, a unas cinco horas en coche al noroeste de Dallas.
Otras regiones de EU han adoptado una postura más dura. En Florida, una afluencia de los llamados turistas de vacunas, provenientes de Nueva York y lugares tan lejanos como Argentina, llevó al estado a revertir su política inicial de vacunar a cualquier persona que cumpliera con los requisitos de edad. El estado ahora exige a las personas comprobar que es residente de Florida.
Estas medidas también han impedido que innumerables trabajadores agrícolas y comunidades inmigrantes se vacunen, según los defensores. “Lo que el gobernador Ron DeSantis ha hecho en Florida es explícitamente discriminatorio”, dijo Lindsay McElroy, portavoz del Centro Maya-Guatemalteco, una organización sin fines de lucro en Lake Worth. “Está haciendo que la vacuna sea inaccesible para toda la comunidad inmigrante”.
La oficina del gobernador DeSantis no respondió a una solicitud de comentarios.
