El presidente de la República dio a conocer en su conferencia del día de ayer que ha solicitado formalmente al INAI que investigue los ingresos y bienes del periodista Carlos Loret de Mola y sus familiares.
La carta, enviada a la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra, dice lo siguiente:
“…como ciudadano y presidente de la República les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares.”
Y señala que en caso de que el Instituto no pueda hacerlo, le diga si él puede dar a conocer las facturas y documentación que sustentan las cifras que dio a conocer el viernes pasado:
“…como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”.
No se necesita ser especialista en la legislación relativa a la información pública para anticipar la respuesta que habrá de dar el INAI.
Respecto a la primera solicitud, obviamente el INAI no tiene ninguna competencia para demandar que se revele información privada, como los pagos de empresas a un particular.
La Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública, refiere como sujetos obligados los “poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales”.
Ninguno de los particulares implicados en la lista dada a conocer por el presidente de la República caen en el supuesto de la ley.
El argumento en el sentido de que los medios de comunicación son concesiones públicas y por ende están obligados a revelar la información, no es sostenible.
Bajo esa lógica, las minas, los bancos, las líneas aéreas y multitud de empresas que operan bajo el régimen de concesión o permiso, caerían en el supuesto de la ley y deberían revelar la información de los salarios hasta de los gerentes de sucursal, los pilotos o los operadores de las perforaciones mineras. Eso no ocurre aquí ni en ningún país democrático en el mundo.
Ayer, la presidenta del Consejo Consultivo del INAI Nuhad Ponce Kuri, de entrada rechazó que el INAI pueda solicitar la información referida a Loret.
Falta que lo haga el propio INAI, pero no me cabe ni la menor duda de que la respuesta será idéntica.
En su carta, el presidente López Obrador expresa juicios respecto a Loret de Mola y la prensa. Es totalmente legítimo que tenga sus opiniones, por más duras que sean.
Pero, otra cosa diferente es que, sobre la base de esas opiniones, pretenda violar las reglas que la ley establece respecto a la privacidad de la información.
Da la impresión que, a juicio del presidente, si alguien es contrario a su proyecto de transformación, se justifica que pierda la protección que le dan las leyes.
Ese tipo de criterio es ajeno a un Estado de Derecho.
Cuando su carta hecha pública el día de ayer haya sido revisada en detalle por los tribunales mexicanos y no solo por el INAI, o incluso por instancias internacionales, seguramente muchos ceños se deben haber fruncido ante esa visión que considera que las leyes pueden quedarse al margen ante los supuestos intereses superiores del proyecto de transformación.
Obviamente, el presidente carece de una adecuada asesoría legal. Probablemente en los tiempos de Julio Scherer jamás se habría emitido una carta tan cuestionable desde el punto de vista jurídico.
Pero, además, como aquí le hemos comentado desde hace ya muchos días, el presidente se sigue metiendo autogoles.
También es notoria la falta de una voz sensata que pueda ser escuchada y tomada en cuenta por AMLO. Y, es que quién, entre sus colaboradores y cercanos, quiere enfrentarse a un presidente tan poderoso que está ofuscado.
No conviene a nadie en el país un Jefe de Estado que actúa de esa manera.
Ojalá que pronto en su círculo cercano pueda haber alguien que le ayude a moderarse.
