La reforma constitucional en materia eléctrica, energética y minera propuesta por el presidente de la República es inviable.
De acuerdo con lo expresado por todas las fuerzas políticas, esta iniciativa no podría reunir los votos para ser aprobada en las dos cámaras del Congreso.
Ante esta realidad ineludible, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, señaló esta semana que se están considerando cuatro cambios a la iniciativa presidencial.
El primero es establecer que el derecho a la electricidad sea un derecho humano; el segundo tiene que ver con el reconocimiento a la llamada generación distribuida en el mercado eléctrico; el tercero, con la inclusión de incentivos a la compra de autos eléctricos y al desarrollo de tecnologías orientadas a la transición energética; y el cuarto, con garantías para que los hogares tengan mejores tarifas eléctricas.
El listado no fue exhaustivo ni tampoco muy explícito, pero sirve para tener una idea de cuáles son los cambios en los que está pensando Morena.
Aunque se sigue manejando la versión de que en cualquier momento se podría convocar a comisiones para que dictaminen las iniciativas, la realidad es que no habrá ningún intento de sacarla antes de las elecciones de junio.
¿Serían los cambios propuestos una verdadera cirugía a la iniciativa o apenas un brochazo de maquillaje para dar la apariencia de que se tomaron en cuenta algunos puntos de vista expresados en los foros del Parlamento Abierto?
Por lo dicho hasta ahora, a mí me parece que es lo segundo, pues no hay ningún cambio sustantivo.
Se mantiene vigente la propuesta de cancelar los permisos de generación eléctrica que se han otorgado, así como todos los contratos de compra-venta de electricidad.
Ese aspecto implica la aplicación retroactiva de la reforma y genera una situación de enorme incertidumbre entre los inversionistas.
Tampoco implica ningún cambio en el techo que se propone para la generación privada, del 46 por ciento del total.
No se modifica lo relativo a la existencia de un criterio de despacho eléctrico que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad respecto a otros productores.
En suma, de lo conocido hasta ahora no se puede inferir que en verdad haya disposición de hacer cambios sustantivos en la propuesta.
Por eso, me parece que no se entra a ningún ajuste de fondo o se plantean cambios poco prácticos, como la declaración de que el derecho a la electricidad es un derecho humano.
Como le comenté en este espacio desde hace un par de días, existe la aspiración de Morena de que no parezca que la iniciativa naufragó.
Sin embargo, por lo pronto no existe la voluntad de hacer los cambios indispensables para que su contenido pueda ser aceptable para fuerzas políticas diferentes a Morena y sus aliados.
Algunos dirigentes del sector privado creen que aún sería factible convencer al presidente López Obrador de aceptar algunos cambios sustantivos a la propuesta.
Ojalá tuvieran razón, pero lo dudo.
AMLO no es el tipo de político proclive a negociar cuando hay controversia. Más bien, en esas condiciones, endurece su posición.
Ojalá me equivocara y tuviéramos realmente posibilidad de eliminar la incertidumbre que genera la reforma.
El efecto negativo en las inversiones es mucho más amplio que en el sector eléctrico.
Hay empresas que no invierten más por las dudas respecto a la seguridad de abasto en el mediano y largo plazos.
Las estimaciones de proyectos del orden de 50 mil millones de dólares en pausa no suenan descabelladas.
En un contexto económico global cada vez más complejo, esta incertidumbre es lo último que necesitamos en México.
