En las últimas semanas, Andrés Manuel López Obrador nos ha sorprendido con sus anuncios. Hemos presenciado una serie de decisiones sobre futuros nombramientos y sobre políticas públicas que se prometieron en campaña, también hemos sido testigos de encuentros con personajes que se antojaban imposibles en la campaña y presenciamos acercamientos internacionales de gran relevancia.
Sin embargo, quizá una de las noticias más relevantes que se han planteado desde la casona en la colonia Roma, la cual funge como sede del próximo gobierno de la República, ha sido la presentación de un ambicioso plan legislativo para el próximo periodo del poder legislativo.
Entre las ideas que sostiene dicho plan se encuentra la reducción de recursos a la administración federal, la eliminación del fuero, se reconoce el derecho a la educación superior, se impulsa la revocación de mandato y las consultas ciudadanas, entre otras. Más allá de los debates que cada una de las iniciativas supondrá, hay algo que llama la atención y que valdría la pena señalar: Morena tiene conciencia de ser mayoría en el Congreso de la Unión y la usará para sacar sin problemas buena parte de sus iniciativas.
Con cerca de 70 integrantes en el Senado de la República de la cámara alta y con 312 diputados en San Lázaro, la coalición Juntos Haremos Historia tendrá más de la mitad de legisladores en ambas cámaras. Esto significa que se podrán pasar las iniciativas que requieren mayoría simple, como las leyes secundarias, presupuesto de egresos, emitir exhortos y solicitar que comparezcan funcionarios.
Esto pone en un plano a Morena que quizás nunca imaginó, pero que puede ser provechoso para la democracia en México. Algunos de los reclamos históricos de dicha fuerza política han consistido en el señalamiento de la inequidad en la contienda y la asignación de recursos públicos a medios de comunicación con la intención de modificar su línea editorial. Por eso valdría la pena hacer presión para lograr reformas concretas alrededor de estos temas.
En primer lugar, se asoma la necesidad de debatir a nivel nacional el papel del financiamiento público de los partidos políticos, de lo cual hablé en la entrega previa de esta columna, así como la posibilidad de buscar formas más democráticas de construirlos. Así pues, distintos actores señalan la necesidad de desincorporar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Procuraduría General de la República. Esta búsqueda persigue la autonomía para que los encargados de perseguir delitos electorales no tengan intermediarios, regateos políticos o encomiendas de fuerzas políticas superiores. Basta recordar los escándalos de compra de voto de Monex, las campañas en el Estado de México y Coahuila, así como la total impunidad frente a Odebrecht para justificar esta necesidad.
También, será necesario echar abajo la llamada #LeyChayote y poner más candados para la inversión de recursos públicos en la contratación de espacios publicitarios en los medios de comunicación. Los 6 mil millones de pesos desperdiciados en 2017 en la promoción de la imagen del gobierno en turno nos deja claro que si no se tienen procesos claros, padrones públicos, así como criterios objetivos para decidir las pautas de los próximos gobiernos, estos podrían caer en excesos.
En ese sentido, la coalición en gobierno podría proponer una serie de reformas que le hagan justicia a sus reclamos históricos y, de paso, se podría mejorar con ello la democracia mexicana. Es momento de la congruencia. Habrá que ver si en ese sentido se comprometen con reformas que abran el paso a una contienda mucho más pareja, sin dispendios ni coacción.
