Durante los últimos años hemos presenciado la filtración de delitos, las defensas escuetas, la huida y posterior caída de varios gobernadores salientes. Estos personajes se han ganado el desprecio de la población, pues se han presentado ante la opinión pública como seres abominables, avariciosos y superficiales, que con el dinero público etiquetado para hospitales, combate a la pobreza o escuelas desviaron los fondos para que ellos y sus allegados se dieran una vida de excesos, pompa y lujos.
Por meses hemos visto con indignación y sorpresa muestras de estas vidas dignas de jeques o multimillonarios. Ranchos de miles de hectáreas, obras de arte codiciadas, relojes que cuestan diez años del salario de un trabajador promedio y mansiones en las zonas más exclusivas del Caribe, Polanco, El Paso o Miami.
Sin embargo, la percepción de que el dinero desviado sólo tenía como objetivo la avaricia del bolsillo del gobernador en turno podría llevarnos a hacer un diagnóstico equivocado de los problemas que tenemos que enfrentar. Estos actos no fueron cometidos por uno o dos funcionarios, sino por redes multitudinarias pensadas para defraudar, robar e inyectar recursos a las campañas políticas.
Los ranchos, las casas, los lujos fueron solo una comisión por los fraudes que dejaron pasar, un pago por los millones que destinaron para comprar voluntades, una limosna por permitir que los programas públicos se utilizaron para comprometer votos y corromper autoridades. Así lo han dejado claro varias investigaciones periodísticas y confesiones de ex-colaboradores de distintos gobiernos estatales.
El primer ejemplo que se viene a la mente cuando hablamos de desvío de recursos públicos es Veracruz, no sólo por la mala imagen de la administración, sino a que buena parte de los recursos pensados para el combate de la inseguridad y pobreza terminaron siendo utilizados en la contienda electoral pasada. Arturo Bermúdez, Secretario de seguridad pública en la administración de Javier Duarte confesó a través de una carta a la Fiscalía de Veracruz el desvío de 1,300 millones de pesos del erario público para apuntalar la campaña a la gubernatura del 2016. Es decir, en lugar de invertir esos recursos, el equivalente a pagarle durante un año entero a 10,800 policías, se malgastaron en la compra de voto y pago a operadores electorales.
Por su parte Ricardo Yáñez y Jaime Herrera Corral, secretario de educación y secretario de hacienda en el sexenio de César Duarte, exgobernador de Chihuahua y prófugo de la justicia, dieron su testimonio a las autoridades, detallando un esquema por medio del cual extrajeron de las arcas públicas 250 millones de pesos etiquetados para cursos que nunca fueron impartidos. Los billetes se fueron a las campañas del PRI y la investigación sigue en curso.
A estos dos casos, podríamos sumarles las investigaciones de desviaciones de recursos en Quintana Roo y distintas secretarías federales, consignados por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el reportaje “La Estafa Maestra”.
Como podemos darnos cuenta, México vive un momento definitorio ante estos mapaches de cuello blanco. El momento para decir como país que ya no nos vamos a distraer, que no lo vamos a dejar pasar, que nos indignan las mansiones mal habidas tanto como la compra de votos. Por eso, es tan relevante que señalemos que los Duarte, Borge y demás desviadores de recursos no actuaron sólo para su beneficio, sino para el de sus cómplices electorales.
Esta elección que va empezando necesita que no nos acostumbremos a la impunidad, a que no compremos la idea de que en México hay intocables y que la justicia no llega a todo el país. Desde el periodismo, desde los colectivos y organizaciones sociales, desde los partidos y desde la ciudadanía en general debemos estar atentos para ubicar y denunciar a estos funcionarios públicos que malversan los recursos de todos para el beneficio de su partido.
La buena noticia es que se pensaban impunes hasta hace unos años y gracias a la presión social, se han logrado señalar e investigar estos delitos. Sigue pendiente la sanción de más casos, será solo nuestra presión por justicia, la que nos permitirá erradicar este mal de nuestro país.
