Un alto funcionario civil del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue lacónico. “Les llegó la realidad”, dijo, refiriéndose a 20 mandos militares y tropas en Guerrero, durante la desaparición y secuela del crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes les giraron órdenes de aprehensión. La notificación que hizo la Fiscalía General de la República a la Secretaría de la Defensa Nacional requiriendo a esos elementos fue seguida de la afirmación, temprano, del Presidente de que no encubriría a las Fuerzas Armadas, porque ello no iba en su beneficio, sino las manchaba. En Lomas de Sotelo, trascendió, no lo vieron tan filosóficamente. “Están que trinan”, describió el funcionario.
Debían de haberlo visto venir. Primero, con los señalamientos directos a mandos militares y tropa en el informe preliminar que dio a conocer la semana pasada la comisión presidencial. Segundo, con la actitud del Presidente en la mañanera del lunes, donde él mismo buscó a la muy buena reportera de Proceso, Dalila Escobar, para que fuera ella quien le hiciera las preguntas duras que le permitirían fijar su posición sobre las Fuerzas Armadas. López Obrador les ha dado zanahorias, pero ahora llegó el turno del garrote. Regresaron súbitamente a la postura histórica de López Obrador contra el Ejército. Se puede decir, bienvenidos a la realidad.
El informe dado a conocer el jueves por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en Palacio Nacional, no tiene aspectos novedosos a lo que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, cuando declaró “la verdad histórica” –que es un término jurídico–, y menos aun en la exhaustiva investigación de la vieja Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, tiene una fuerte contaminación del lenguaje político que llevó a declarar a Encinas –sin que figure en el documento– que fue un “crimen de Estado”, y un énfasis en cargarle la mano al Ejército, y señalar a mandos militares de omisión.
Encinas fue congruente con lo que siempre ha pensado, que el Ejército jugó un papel central en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En la presentación del informe, no obstante, ignoró la recomendación que le hizo López Obrador cuando le dio luz verde a la difusión del documento, para que se abstuviera de poner en duda la honestidad del Ejército. Encinas sólo hizo un matiz cuando mencionó “aquella Secretaría de la Defensa”, como si la actual estuviera construida sobre bases nuevas.
Fuentes federales señalaron que el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, se molestó con las declaraciones de Encinas, que también provocaron el enojo del Presidente, quien, sin embargo, no habló con él por la premura de su viaje al norte del país. Se esperaba que lo llamaría a cuentas esta semana, pero, muy propio de López Obrador, optó por acelerar la marcha y afirmar el lunes que su gobierno no iba a cuidar el prestigio de las Fuerzas Armadas, porque éste se lograba actuando con rectitud y sin ocultar nada. López Obrador trató de separar a la institución de las personas, pero la narrativa de que fue el Estado el responsable del crimen dejó en el centro de la imputación política a los militares.
En la narrativa del informe se menciona directamente al entonces comandante de la 35ª Zona Militar en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien aparece como “enlace operativo” para desarrollar la investigación que, líneas antes, en la crítica a la “verdad histórica”, la detalla como “una acción concertada desde el aparato organizado del poder”. No está claro si una de las órdenes de aprehensión es contra él, pero sí a mandos del 27º Batallón de Infantería en Iguala cuando se cometió el crimen, y del 41º Batallón de Infantería en Teloloapan, creado en octubre de 2018 para reforzar la seguridad en los municipios de la región norte y Tierra Caliente de Guerrero. Lo que sí está claro es que procederán contra generales en activo. Hernández Saavedra es general divisionario y director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el entonces jefe del 27º Batallón, José Rodríguez Pérez, es general brigadier y jefe de Operaciones de la Secretaría de la Defensa.
El informe tiene señalamientos que parten más de conjeturas de los presuntos criminales –muchos de ellos hoy libres– que de una investigación, como el que un número indeterminado de cuerpos de los normalistas fuera enterrado en un lugar no identificado, y que días después un “ingeniero de Chilpancingo” fuera “secuestrado” para desenterrarlos y llevarlos a varios destinos, entre ellos, al cuartel en Iguala. El contenido arroja dudas no resueltas.
Otro botón de muestra tiene que ver con el teniente de Infantería en el 27º Batallón, Francisco Macías Barbosa, cuestionado en el informe por negligencia y violaciones al Protocolo para Militares Desaparecidos. Lo identifican como el jefe inmediato superior de Julio César López Palotzin, un agente infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, que le envió su último reporte más de 12 horas antes de la desaparición. La comisión presidencial afirma que lo abandonaron a su suerte al no implementar “medidas contundentes” para coadyuvar a su búsqueda.
No aclara el informe por qué el militar infiltrado en la normal, que se encuentra a 20 minutos de Chilpancingo, reportaba al Batallón en Iguala y no a la 35ª Zona Militar o a la Sección II de Inteligencia en la Secretaría de la Defensa. Tampoco precisa por qué, cuando supieron de la violencia contra los normalistas, tendrían que haber activado de inmediato los protocolos de búsqueda, sin dar el tiempo establecido para proceder. Más allá de las inconsistencias y preguntas no respondidas en el documento, la forma como lo presentó Encinas pintó a los militares como omisos, negligentes y cómplices de haber participado en un crimen.
Encinas crucificó al Ejército ante la opinión pública, actuando en sincronía con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien obtuvo órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares. Las Fuerzas Armadas verán ahora el verdadero talante de López Obrador contra el Ejército.
