¿Qué sucedería si Delfina Gómez gana en el Estado de México? A la pregunta hipotética ya hay varias respuestas. La derrota del PRI significaría la primera alternancia en la cuna del Grupo Atlacomulco, la aristocracia del régimen.
Sería un duro golpe a las aspiraciones presidenciales del equipo que encabezan el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el gobernador Eruviel Ávila. Mandaría igualmente el poderoso mensaje hacia el interior del PRI sobre el capital agotado del presidente Enrique Peña Nieto para ganar una elección, que podría acelerar la diáspora.
Pero hay algo mucho más grave de lo que no se está hablando. Una victoria de la candidata de Morena, puede significar la entrada a la pesadilla judicial del presidente Peña Nieto, a más de un año de finalizar su sexenio.
No se puede descartar como escenario, que el triunfo de Gómez tenga como una primera acción con objetivos políticos claros, el arranque de la persecución penal contra los mexiquenses por corrupción y mal uso del poder.
Prospectos abundan, debido a la decisión de Peña Nieto de gobernar mayoritariamente con mexiquenses, que en la coyuntura actual muestra vulnerabilidades inexistentes con anterioridad ante el avasallamiento de sus paisanos en el gobierno federal.
El inicio de procesos contra exfuncionarios mexiquenses que ocupan actualmente cargos en el gabinete federal, no significaría necesariamente una tentación revanchista de Gómez, su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, pero sí se convertiría en una bandera de campaña excepcional rumbo al 2018.
¿Qué mejor cruzada contra la mafia del poder que llevar a juicio a algunos de sus personeros acusados de corrupción? Este fenómeno no fue un factor en la anterior campaña presidencial, ni nunca antes lo había sido. No es así ahora, donde la corrupción se ha convertido en una variable indisoluble de las campañas electorales y que ha ayudado a definir elecciones contra el PRI.
López Obrador y Gómez han ventilado públicamente algunos temas de alto impacto relacionados con corrupción. Los principales están relacionadas con las constructoras OHL, la española y su filial mexicana, y la brasileña Odebrecht, donde los nombres que se asocian con ellas son los de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ruiz Esparza ocupó el mismo cargo en el Estado de México, cuando el gobernador era Peña Nieto, y Lozoya estuvo en el equipo de mayor confianza en la campaña presidencial de 2012.
Las dos empresas enfrentan juicios que han salpicado al gobierno de Peña Nieto. Abrir una investigación a nivel estatal en su contra, más allá de qué tan sólidas pueden ser las acusaciones, o qué tanto pueda probárseles delitos, generarán una turbulencia nacional e internacional que se empataría con la percepción de que el peñismo suda corruptelas e impunidad.
Si esto es cierto o no, es irrelevante. Una mayoría de mexicanos así lo creen, y en el mundo, según se aprecia con numerosos despachos de los corresponsales extranjeros, también. Material para jugar en los medios abunda.
La pregunta de cuántos miembros del gabinete peñista podrían terminar en la cárcel, se antoja extremadamente atractiva para el electorado, ante la creciente distancia de Peña Nieto con sus gobernados.
El mayor problema que tiene el Presidente es que hay más casos donde personas cercanas a él están salpicadas por presunta corrupción y puede abrirse una investigación en su contra.
Un ejemplo donde la prensa ha documentado irregularidades e ilegalidades es en Caminos y Puentes Federales, que dirige Benito Neme, que fue abogado electoral de Peña Nieto en el Estado de México, y en las concesiones de peaje entregadas a la familia Alcántara, del Grupo Atlacomulco, cuya inexperiencia ha generado incontables problemas para los usuarios, resultado de la entrega de la concesión por el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta, que relevó a Videgaray como secretario de Finanzas en la parte final del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, y en el arranque de Ávila.
Los mexiquenses aparecen por todos lados en casos que huelen a gas. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, que fue secretario general de Gobierno en los tiempos de Peña Nieto, es el principal protector del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el principal amigo de la familia Miguel, perseguida por la ley en el pasado, mientras otro de los del círculo íntimo del presidente, Felipe Enríquez, con vínculos en Monterrey y Toluca, y a quien hizo embajador en Uruguay, aparece en las indagaciones sobre ventas irregulares de tierras en Quintana Roo, durante el gobierno de Roberto Borge.
Es decir, material hay para alimentar la sed de venganza en el coliseo mexicano, y quizás, incluso, hasta para llevar a la cárcel a algunos de ellos. Si ganara Gómez, difícilmente le daría tiempo a su procurador de terminar de armar los casos, pero en un país donde la justicia se maneja políticamente, cuánto tarde es secundario, porque la administración del escándalo caminaría a la par de la campaña presidencial.
Un golpe maestro sería iniciar una investigación al propio presidente Peña Nieto. Es cierto que tiene fuero, pero que Gómez dijera que esperará a verse las caras el 2 de diciembre de 2018, sería suficiente material para el linchamiento.
Ciertamente lo escrito aquí es un escenario político. También lo es que este infierno se puede evitar, o cuando menos aplazar por un tiempo, siempre y cuando la candidata de Morena pierda la elección, y el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, triunfe.
