Horas después de trascender a la opinión pública que el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, estaba en manos de la justicia de Estados Unidos, acusado de múltiples delitos relacionados con el tráfico de drogas, fuerzas federales blindaron el estado.
Testigos de la operación reportaron que helicópteros artillados sobrevolaron Tepic y que en la frontera con Jalisco se reforzó la seguridad. ¿Por qué tras la captura del fiscal se tomaron medidas como si el detenido hubiera sido el jefe de un cártel de drogas?
La explicación que dio el gobernador Roberto Sandoval dejó más dudas que certezas, pero el extraño sellamiento del estado fue resultado de una petición que le hizo el martes al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Sandoval se encontraba en Tepic cuando le notificaron de la detención de su fiscal poco después de presentarse ante un juez en la Corte Federal de San Diego, donde le leyeron las acusaciones. Inmediatamente voló a la Ciudad de México para hablar con Osorio Chong, explicó sin aclarar por qué fue a Bucareli y no a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pidieran oficialmente información al gobierno de Estados Unidos, o a la Procuraduría General de la República, para que recabara la información pertinente del caso.
El gobernador, que no acudió a las instancias que corresponden a un asunto que requiere de trabajo diplomático y jurídico internacional, tuvo una reacción de miedo.
Veytia fue detenido el lunes por la noche por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, al cruzar la frontera de Estados Unidos para ir a visitar a su familia a San Diego, como lo hacía de manera regular cada 15 días, tras ser acusado por un Gran Jurado, que investiga en secreto una presunta conducta criminal y determina a partir de testimonios y documentos si debe acusársele de un delito, en Nueva York.
Sandoval no explicó por qué el fiscal general estaba viajando a Estados Unidos en un día laboral. Funcionarios de la DEA dijeron que tan pronto como se otorgó la orden de aprehensión, estuvieron vigilando el cruce fronterizo por donde siempre entraba a Estados Unidos, en el paso exprés entre el aeropuerto de Tijuana y la Mesa de Otay.
La Corte Federal del Este en Nueva York, que lleva el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, presentó cargos insólitos contra Veytia, al acusarlo de producción, transportación, distribución y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana en un mismo proceso.
La investigación en su contra comenzó en enero de 2013 y se cerró, al presentar ante un juez la acusación para obtener la orden de aprehensión, el 2 de marzo pasado. Las acusaciones comprenden tráfico de drogas que manejan los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva, que estuvieron asociados hasta 2008, y que desde entonces han vivido en constante conflicto.
De acuerdo con funcionarios de la DEA, Veytia estaba vinculado a dos cárteles, enemigos entre sí, el de los Beltrán Leyva, donde la relación que tenía, afirman, era con el jefe de la plaza en Nayarit, Daniel Isaac Silva Gárate, apodado El H-9, que fue abatido durante un enfrentamiento con la Marina el 11 de febrero pasado, y con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según funcionarios federales, el fiscal general –un cargo que aprueban todas las fracciones parlamentarias–, tenía una red de prostitución en el estado, donde utilizaba a las mujeres como informantes. La PGR comenzó a seguirle la pista a Veytia el año pasado, pero nunca avanzó hacia una investigación formal. El gobernador Sandoval insistió el jueves que él no sabía nada de las relaciones criminales de su fiscal, y que todo lo que había oído de él eran “percepciones”.
Sin embargo, su proceder el martes despierta sospechas. La manera como actuó es propia de la forma como, de manera preventiva, se redobla la seguridad cuando un criminal con fuerte poder en una región es capturado o abatido, y deja un vacío de poder.
El reforzamiento de la seguridad en esos casos es para evitar que, en los momentos de confusión, otros busquen ocupar el lugar vacante. Nunca se había visto un blindaje por el hecho de que un alto funcionario del gobierno fuera detenido por delitos relacionados con el narcotráfico. Sandoval se comportó intuitivamente como si Veytia fuera un capo que viviera en Nayarit, y no su fiscal general.
Su preocupación fue que no hubiera violencia en Nayarit, no preguntar sobre los porqués y las razones de la captura de su muy cercano colaborador. Balbuceante, el gobernador dijo que apoyaba al gobierno de México y, también, al de Estados Unidos. Qué proyectó, es un misterio. Señaló, cándidamente, que no había sido informado que hubiera señalamientos en contra de su fiscal.
De hecho, ninguna área del gobierno federal fue informada que se investigaba a Veytia desde hace cuatro años y que lo iban a detener. La ausencia de información refleja el grado de deterioro en la relación bilateral dentro del campo de la seguridad, y consecuencia directa de la negativa en el gobierno de Enrique Peña Nieto a que sus altos mandos fueran certificados para recibir inteligencia de Estados Unidos. Hasta aquí quedó el discurso embustero de la cooperación bilateral.
La captura pegó por debajo de la línea de flotación del gobierno, y representa una primera importante llamada de lo que viene desde el norte en los próximos meses. Peña Nieto debe registrar con cuidado lo que está sucediendo, y si se decide, actuar y corregir.
