El Poder Judicial es un gran desconocido. Su funcionamiento –imperfecto y perfectible– se atrofiará por la reforma judicial. Para tratar de paliar los efectos sería conveniente un diálogo, que a dos semanas de la aprobación en el Senado brilla por su ausencia.
Tras el avasallamiento de Morena y aliados, el panorama político es más o menos el siguiente:
1) No hay interlocución entre el Poder Judicial y los dos poderes que se lo echaron al plato.
¿Por qué?
En parte, porque en el Poder Judicial hay quienes creen que aún hay mecanismos o espacios internos y externos donde se podría caer la reforma. (¡?)
También porque otros actores esperan las consultas iniciadas en la Suprema Corte. Pero éstas no son para echar abajo la reforma judicial. Son para saber si los jueces están legitimados para impugnar la RJ. La Corte dirime cuando hay disputa entre otras autoridades y el PJ. ¿Existe el conflicto cuando la realidad es que ya hubo una reforma a la Constitución? Parece un dilema más filosófico que político.
Además, porque una parte de los trabajadores cree que aún puede forzar un diálogo para que la reforma no sea implementada como viene, para modificarla. ¿Habrá espacio para tal negociación pasado el 2 de octubre, cuando habiendo ya tomado posesión la nueva presidenta volverán a sus actividades? Difícilmente.
Y, punto nada menor, porque en Morena andan en otras reformas que les encargó YSQ.
2) Norma Piña debe dejar la presidencia del Poder Judicial.
La reforma no es su culpa, pero el pasmo que se vive sí es su responsabilidad. Como encargada de ese poder, ha de mostrar su conciencia de que ella carece de toda posibilidad de interlocución con el Ejecutivo (hoy y después del 1 de octubre) y lo mismo con el Legislativo.
Y aunque trabajadores del PJ la reconocen como su líder, no es ella, no ha sido, nunca fue, la líder de la resistencia. Por ende, no conduce la protesta de los integrantes del Poder Judicial, ni la representación de todas y todos los ministros de la Corte. Y la Judicatura, que también preside, ha sido actor de reparto durante todo el conflicto.
Sin embargo, no resultaría sencillo que Norma Piña se haga a un lado. Los dos bloques de la Corte –una anomalía per se– subsisten, y aunque la presidenta no las trae todas consigo ni entre sus mismos apoyadores en la Suprema, tendría que encontrar una forma de delegar facultades a otro ministro si tal cosa es aceptada por Morena para negociar.
3) El Poder Judicial puede quedar lastrado durante meses por las prejubilaciones.
Trescientos es la cifra que se maneja de jueces y magistrados que se podrían jubilar anticipadamente, bien porque no les gustaría ir a elección o porque desconfían de que luego siquiera les paguen lo que les corresponda incluso con las rebajadas condiciones económicas. ¿Cuántas plazas se irán quedando vacías en los próximos meses?
4) Nuevos retrasos en los juicios.
Pregunten a cualquier abogado con asuntos en un juzgado. Se encogen de hombros porque no saben calcular cuánto se van a tardar sus temas. Testimonios de pausas que podrían convertirse en parálisis. ¿Cuántos meses o años costaría revertir eso?
5) Transparencia en peligro.
Una de las constantes de Morena es la opacidad: representan la regresión en el derecho a la información y en las condiciones en que trabaja la prensa en los organismos donde el obradorismo domina. En las negociaciones de las leyes secundarias a todos debería importar que los tribunales no pierdan la mínima transparencia que costó décadas conseguir.
