La tragedia de la Línea 12 del Metro capitalino ha revivido la discusión sobre el alcance de las responsabilidades de los más altos funcionarios públicos, ésa que surgió con el terrible caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Al derrumbarse el 3 de mayo pasado una trabe en las proximidades de la estación Olivos de la llamada Línea Dorada perdieron la vida 26 personas y un centenar resultó con secuelas importantes. Tan lamentable percance no debe quedar sin explicación sobre su origen y menos aún impune.
El proceso para procurarle justicia a las víctimas no ha estado ajeno de la pugna morenista por la candidatura presidencial de 2024, toda vez que podrían resultar afectados tanto Marcelo Ebrard (encargado de la construcción de esa línea) como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actual responsable del mantenimiento del sistema Metro.
Para evitar suspicacias de que sería juez y parte, Sheinbaum contrató a una empresa noruega para que realizara un peritaje independiente, del que ya se entregaron reportes que apuntan sustancialmente a problemas de construcción. En similar tenor, a partir de su propia investigación, el lunes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que iniciará procedimientos en contra de funcionarios de la época Ebrard.
Es este último punto el que ha reactivado la discusión: si excolaboradores del hoy canciller son encontrados culpables de, entre otras cosas, homicidio culposo, ¿qué grado de responsabilidad tendría quien por entonces encabezaba el gobierno?
Una pregunta semejante se hizo la Suprema Corte cuando les llegó el caso del incendio en la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009. Como bien recordaba Carlos Puig ayer en Milenio, al respecto el ya desde entonces ministro Arturo Zaldívar le propuso al pleno reconocer que las responsabilidades en asuntos así deberían escalar al máximo nivel. Aquí el argumento de Zaldívar:
“Los dirigentes son responsables de las entidades que dirigen. Son causantes de los éxitos, pero también lo son de los errores graves que se cometen por acciones u omisiones. Los aciertos serán suyos, pero los errores también. La toma de protesta del cargo conlleva automáticamente la responsabilidad en el ámbito de acción de la institución a su cargo. Éste es el sentido de protestar, guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”.
La tesis de Zaldívar fue rechazada por el pleno de la Corte, por lo que no se pudo juzgar al fallecido Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS. Muchos vieron en ese fallo una derrota: siempre caerían sólo los funcionarios menores, nunca los jefes.
Entre los que aseguran que la ruta correcta es la que marcó entonces Zaldívar está, vueltas que da la vida, el actual gobierno.
El 5 de junio de 2019, al cumplirse 10 años de la tragedia de la ABC, en la mañanera el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que daba total respaldo a una denuncia penal interpuesta por su antecesor Germán Martínez, y de la que fue notificado al asumir días antes la dirección del Seguro Social.
Frente a López Obrador, Robledo fue explícito al subrayar que era "de la opinión" de que la investigación "debe de fortalecerse tomando en cuenta el que yo considero que es el esfuerzo más destacable que se ha realizado, el que realizó justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se plasmó en este proyecto de sentencia del caso de la Guardería ABC, que en su momento presentó el hoy presidente de la Corte, el ministro Zaldívar". Es decir, que el paradigma pretendido por este gobierno incluye una investigación exhaustiva que incluya la máxima responsabilidad del titular.
¿Lo que quiere este gobierno para el caso de la subrogada Guardería ABC aplica para la tragedia de la Línea 12?
La lógica diría que sí, que son casos con similitudes; que se tienen que revisar las responsabilidades de los funcionarios incluso cuando en las fallas hubieran podido estar involucrados contratistas privados.
De lo que se trata, dijo Zoé esa mañana, es de evitar que la denuncia terminara siendo “una acción que no trascienda en el ámbito de la justicia”.
Y no obvió mencionar que la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había votado a favor del proyecto de Zaldívar.
¿Qué hará ahora el gobierno de AMLO? ¿Apelar a que la fiscalía capitalina apunte a lo más alto como propuso Zaldívar, secundó Sánchez Cordero y urgió Robledo en el caso ABC? ¿O actuar como el gobierno de Felipe Calderón, que pensaba que culpar a los titulares de las dependencias de las graves fallas de subalternos era una locura? Esas dudas podríamos aplicarlas también al caso de los 14 fallecidos en un IMSS de Tula por inundación hace unas semanas.
