Por las razones que sea, un hipotético individuo le roba a una hipotética familia una camioneta que es utilizada por sus propietarios para la compra y venta de, digamos, frutas y legumbres.
Desazonados, los integrantes de la familia víctima de la delincuencia han de enfrentar, súbitamente, diferentes incordios: el fatigoso proceso de levantar la respectiva denuncia; sustituir con prontitud el vehículo robado; estrés y mortificaciones sobre la manera en que sin su medio de carga y transporte han de garantizar el sustento, y eventualmente subsanar ese descalabro económico.
Pasado el tiempo, casi como de milagro, las autoridades detienen al ladrón. Resulta que era, ni más ni menos, un exempleado, que había traicionado la confianza de sus patrones, y que se sustrajo de la justicia incluso huyendo al extranjero.
Al poco de iniciado el juicio, sin embargo, la fiscalía propone al juez un acuerdo reparatorio: que el ladrón devuelva la camioneta –o el valor original de la misma–, y que con eso se proceda a cerrar el caso. ¿Estaría de acuerdo la familia en esa “solución”? ¿Con sólo devolver lo robado se repara el daño? Y, más importante, ¿se habría hecho justicia?
Es posible trazar un paralelismo de este ranchero ejemplo y dos casos en los que es protagonista Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien la semana pasada estuvo a punto de salir de la cárcel con sólo garantizar que devolvería los pagos que de manera indebida recibió tanto de Altos Hornos de México por el escándalo de Agronitrogenados, como de la constructora brasileña Odebrecht en el afamado caso de corrupción internacional.
Animal Político y Reforma adelantaron la semana pasada las negociaciones entre la Fiscalía General de la República y la defensa de Lozoya para que el extitular de Pemex acceda a un criterio de oportunidad, que le llevaría a dejar atrás las graves acusaciones que enfrenta.
El problema es que Lozoya ofrece como reparación del daño –condición indispensable para aspirar a un criterio de oportunidad– el devolver lo que nunca debió haber recibido. De forma que por el caso de Agronitrogenados, según explicó Animal Político, tendría que pagar cosa de 3 millones de dólares, y 10 millones de dólares por el caso Odebrecht. Como si el ladrón de la camioneta aspirara a ser perdonado con sólo reintegrarla.
Porque otro de los elementos clave para aspirar a un criterio de oportunidad, el aportar información válida jurídicamente sobre un crimen de mayor importancia, tampoco se ha configurado, ya que como todo mundo sabe lo que dijo Lozoya sobre los dineros de Odebrecht, que fueron para sobornar a legisladores en la reforma energética de 2013, no se ha probado. Y tan está en duda esa vertiente que la propia Fiscalía General de la República considera que la totalidad del soborno de la empresa brasileña fue para el exdirector de Pemex.
Tojil, organización de litigio estratégico, ha advertido que el trato que se le ofrece a Lozoya por parte de la fiscalía viola la legislación: ni puede ser utilizado en casos de interés público (como lo es el escándalo internacional de Odebrecht), ni se puede aplicar en el delito de lavado de dinero, que es uno de los que se le achaca al expeñista.
Así que quién sabe qué anda pensando la fiscalía de Gertz Manero al ofrecer en estas condiciones este criterio de oportunidad, que encima nos recuerda que en México a un rico que propone regresar lo robado se le ofrece impunidad, y al ladrón de la camioneta sólo de manera muy hipotética se le ofrecería un trato similar.
