El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, admitió a trámite dos quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) contra los fallos que suspendieron la entrega del expediente que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pío López Obrador, hermano del presidente, por los videos en los aparece recibiendo dinero en efectivo.
La semana pasada, Yasmín Esquivel, ministra de la Corte, consideró que otorgar datos de la carpeta de investigación vulneraría el derecho de Pío López Obrador a la protección de datos personales y "causaría daños irreversibles", por lo que rechazó ordenar la entrega del expediente.
“De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente”, expuso en su proyecto la ministra Esquivel.
Ante esa decisión, el INE impugnó los fallos y, al admitirlos a trámite, el presidente de la SCJN ordenó asignarlos a los ministros para que elaboren los proyectos de resolución que se discutirán en una de las Salas de la Corte.
Pío es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de financiamiento ilícito luego que se difundió un video en el que se le aprecia recibiendo un sobre amarillo con dinero en efectivo por parte de David León, en ese entonces colaborador del gobierno de Chiapas.
De acuerdo con los videos difundidos y, grabados en 2015, el dinero se habría utilizado para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, aunque este aclaró que se trataba de aportaciones ciudadanas y no era ilícito que llegó a su movimiento.
El pasado diciembre de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) que enviara una copia de la documentación al INE para que llevara a cabo procesos de fiscalización de gastos de los partidos políticos.
La FEDE, dependiente de la FGR, argumentó que no entregaría la información alegando "secreto ministerial".
