Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, presentó formalmente una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto espionaje y difusión de comunicaciones privadas.
Lo anterior, luego de que Sansores exhibiera en su "Martes de Jaguar" una conversión de WhatsApp entre Alejandro "Alito" Moreno, líder nacional del PRI, y el senador de Morena sobre una supuesta negociación por la gubernatura de su hermano, David Monreal, en Zacatecas.
Al salir de la FGR, Monreal Ávila agregó que la denuncia en contra de la mandataria estatal también es por peculado, por uso de recursos públicos para la difusión, a través de la televisión estatal.
El legislador confió en que las autoridades cumplan la ley y rechazó que por la presentación del recurso legal, vaya a ser “expulsado” de Morena.
Además, aclaró que no va a ceder en su demanda, "hasta que se cumpla con la ley".
"Tengo confianza porque el Fiscal (Alejandro Gertz Manero) es un hombre al que le tengo respeto y no le pido ningún trato preferencial, solo que actúe conforme a la ley. Y es que la presente (la denuncia) porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública”, comentó.
Añadió que “aquí hay delitos cometidos flagrantemente, no hay forma de que se escape de la responsabilidad penal. Es increíble que se permita la violación sistemática de la Constitución y de la Ley… Tampoco debemos tampoco permitir que se intervengan comunicaciones privadas de nadie, solamente mediante autoridad judicial se puede hacer”.
Aseguró que la denuncia contra Sansores San Román es de carácter jurídico, no político.
“Yo lo señalé antes. No hicieron caso del llamado del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y ahora estamos en este proceso lamentable”, anotó.
Dijo que una vez presentada la denuncia, corresponderá a la FGR integrar la carpeta de investigación y corresponderá a los peritos establecer si tiene o no la razón y, posteriormente, el Ministerio Público determinará si hay o no delito que perseguir.
“Hay pruebas que se presentaron, que son públicas (los audios difundidos por la mandataria local en redes sociales)”, dijo.
