A noviembre de 2021, de los 100 mil 480 miembros de la Guardia Nacional desplegados en el país, 79 mil 485 elementos, es decir el 79.10 por ciento, no habían sido certificados ni habían acreditado los exámenes de control de confianza.
Ante ese rezago, la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, mediante un “acuerdo” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de julio, amplió el plazo establecido en la ley para que la institución de seguridad pública cumpla con la certificación de sus elementos hasta el 31 de mayo de 2024.
No obstante, el artículo cuarto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional establece un plazo máximo de dos años, a partir de su entrada en vigor, para que el 100 por ciento de sus elementos cuente con el Certificado Único Policial (CUP), el cual venció el 28 de mayo de este año.
En el “acuerdo” publicado en el DOF se plantea ampliar el plazo “considerando la magnitud de los elementos que paulatinamente la han ido conformando por ser una institución de nueva creación, así como la movilidad derivada de las actividades encomendadas con motivo de la pandemia”.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al mes de noviembre, 20 mil 995 elementos de la Guardia Nacional habían sido certificados, lo que representa sólo el 20.9 por ciento.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del PAN en el Senado, que coordina Julen Rementería, criticó que “la 4T nuevamente hace a un lado la legalidad” y presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que entregue un informe detallado de la razón por la que se decidió prorrogar dicho plazo.
“El erradicar la inseguridad pública en México es una de las demandas sociales más apremiantes. Por ello, resulta incomprensible la falta de cumplimiento del mandato constitucional y legal por parte de las autoridades responsables de la seguridad pública, lo que deja dudas sobre la prioridad que le asigna el gobierno federal a la seguridad pública que demandan las familias mexicanas”, se establece en el documento impulsado por los legisladores.
Para la bancada panista no es suficiente la razón expresada en el “acuerdo” referido, en el cual se justifica la ampliación del plazo tomando como pretexto la pandemia de COVID-19.
Cabe recordar que el artículo 21 constitucional establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben obtener la certificación de todos sus elementos.
El Certificado Único Policial es un requisito indispensable para toda persona que ejerza la función policial, el cual se compone de cuatro elementos: la formación inicial, la evaluación de competencias, la evaluación de desempeño y el control de confianza.
De acuerdo con Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la certificación es “el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia”.
Los senadores de Acción Nacional además solicitaron exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que entregue un informe detallado de la razón por la que se decidió que el llamado Batallón Turístico de la Guardia Nacional actúe bajo las órdenes del Ejército, ya que contraviene el artículo 21 constitucional, que da un carácter civil a ese cuerpo policial.
