La creciente cifra de muertes por la epidemia de COVID-19 en México heredó ya un caos y serios problemas en materia testamentaria, advierten expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En un estudio titulado Emergencia sanitaria por COVID-19: Derecho privado, alertan que en la Ciudad de México sólo una de cada 20 personas ha hecho su documento, lo que deriva en una “suma de problemas y caos que esto puede conllevar”.
“En la CDMX aproximadamente sólo uno de cada 20 ciudadanos realizó su testamento, por lo que, si en la Ciudad habitan aproximadamente 20 millones de personas, tendremos un estimado de un millón de testamentos, por lo que sólo el 5 por ciento de la población cuenta con su testamento”, indican.
“Esta cifra obtenida de los datos oficiales de 2019, nos permite concluir que es una cantidad muy baja, esto en comparación con la totalidad de personas que habitan o residen en la capital”, agrega.
El estudio resalta que en México “no hay una cultura del testamento” y el gobierno “carece de programas y opciones de apoyo” ciudadano, aun cuando “por lo menos un 30 o 40 por ciento de población debería contar con su testamento, tomando en cuenta –incluso– que la totalidad de la población aún no es capaz de elaborarlo”.
De acuerdo con el investigador Eduardo Daniel Hernández –en su capítulo titulado El testamento público y fe pública; una reflexión ante las emergencias sanitarias–, debido a que la epidemia obligó al cierre de las notarías y a suspender sus labores, el gobierno debió haber “actualizado y mejorado” sus sistemas y dar “una solución para realizar estos trámites desde el propio hogar”.
Una opción que proponemos –explica– es que todo ciudadano que, “en caso de riesgo, no pueda salir de su domicilio, pueda contactarse por videoconferencia (o elementos similares), con un representante del Estado, quien, investido de fe pública, solicitará la declaración testamentaria del interesado”.
De esta manera “se podrían imponer ciertos requisitos para salvaguardar la integridad y voluntad del testador, para que dicho testamento pueda surtir plenos efectos jurídicos y no cuente con vicio alguno”.
También propone al gobierno “habilitar fedatarios públicos, o bien emitir un decreto sobre este tema”, para todos aquellos que no tengan la posibilidad de elaborar su testamento y darles la posibilidad de realizar el trámite.
Se anota que hay también falta de información y orientación sobre la actividad notarial, ante el argumento de “un grueso de los ciudadanos que imagina que el testamento es un trámite caro y complejo, a pesar de la constante difusión por parte del Estado, de programas de descuentos e informativos sobre la materia”.
El estudio subraya que “las emergencias sanitarias crean ambientes propicios para que una cantidad considerable de la población sienta amenazada su vida, algo totalmente razonable y natural; sin embargo, si una persona, a causa del temor infundido por el virus SARS-CoV-2, de forma preventiva, deseaba realizar su testamento, no tenía a su alcance la posibilidad material ni jurídica para poderlo efectuar, pues la actividad notarial estaba suspendida por orden gubernamental”.
Por lo anterior, insisten que “la ley debe regular que los ciudadanos puedan realizar su testamento en casos de emergencia, a efecto de que la población en riesgo pueda, de forma particular y válidamente, elaborar su testamento, o bien, que el Estado habilite a personal capacitado e investido de fe pública para que los ciudadanos puedan, de manera presencial o remota, realizarlo” y evitar conflictos con costos para el Estado y para los ciudadanos.
