Porque estos actos de corrupción afectan al erario y deben ser sancionados
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su informe general de la Cuenta Pública 2016 en donde detectó irregularidades por 98 mil millones de pesos en gobiernos locales.
En ese contexto, el órgano autónomo explicó que hay cinco riesgos principales identificados en las auditorías individuales de la cuenta pública y en las que los gobiernos locales y federales pueden caer y que te afectan como ciudadanos. Aquí te las presentamos:
1. AFECTACIÓN AL ERARIO
La Auditoría detalla que idealmente el cumplimiento de los marcos normativos permite que se consigan beneficios como la distribución de recursos, obras de infraestructura, bienes y servicios.
Sin embargo, "en la práctica las acciones gubernamentales pueden presentar como principal riesgo una afectación directa al erario público".
La Auditoría reconoce que este riesgo es el de mayor peso, "ya que implica el potencial desplazamiento de la atención de las necesidades de la población" y además es la forma más fácil de identificar como corrupción.
Y el daño al erario se puede materializar a través del desvío de recursos, el desperdicio de bienes adquiridos no utilizados, pagos en exceso o incluso peor en donde no se acredite la entrega de bienes o prestación de servicios.
Otras formas de afectar al erario es a través de dar apoyos a quienes no cumplen los requisitos de programas sociales, recursos no devueltos a la Tesorería o la comercialización de productos del gobierno a costos menores.
2. DESFASE ENTRE RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS
Una nueva dimensión de corrupción para muchos es esta. Es decir, para la Auditoría es riesgo y acto de corrupción que haya una brecha entre los objetivos previstos de alguna acción de gobierno "y los realmente obtenidos".
Estamos hablando, por ejemplo, de fallas en el diseño de programas o planes de gobierno que afectan en la implementación y evaluación de los mismos.
Como formas de materialización, la ASF pone de ejemplo los retrasos en el suministro de los beneficios de los programas, la falta de seguimiento a los proyectos, la multiplicidad de padrones de beneficiarios que hacen difícil la detección de errores y facilita los abusos en la canalización de recursos.
3. DISCRECIONALIDAD
Otro de los graves problemas que hay en las instituciones mexicanas es que las decisiones de los servidores públicos no se realicen en un entorno de transparencia y control suficientes.
La ASF explica que la discrecionalidad se puede materializar a través de situaciones en las que una indefinición administrativa le permita anteponer su interés individual, que se opere sin manuales y reglas de operación a pesar de que existan. Además, es posible que los funcionarios recurran a hacer excepciones con base en justificaciones laxas dentro de la misma norma.
4. INFORMACIÓN FINANCIERA INSUFICIENTE
Algo fundamental para conocer el uso de nuestros recursos es a través de la publicación oportuna de cifras confiables, lo que constituye un elemento de transparencia en el uso de los recursos.
No obstante, la materialización del riesgo es a través de la falta de control en el registro de formatos contables, la ausencia de los estados financieros consolidados y la propia sistematización y supervisión de los registros.
5. FINANZAS PÚBLICAS VULNERABLES
Un último riesgo que detectó la Auditoría y lo presentó en su informe de la cuenta pública es que los gobiernos pueden actuar indebidamente cuando no tienen conocimiento de variables económicas como el déficit, la deuda y los pasivos, ya que pueden comprometer a los ciudadanos y su patrimonio si es que realizan operaciones equivocadas.
Por ejemplo, una manera de visualizar este problema es que los gobiernos pueden contraer créditos utilizando fondos de garantía a las participaciones federales, es decir, ponen como garantía de pago un dinero que tendría que ser destinado al beneficio ciudadano en bienes y servicios.
También el mal uso de los recursos puede comprometer las pensiones y jubilaciones.
La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios.
Y su informe sirve para prevenir situaciones de corrupción, que han sido más visibles en los últimos años con una correspondencia en el aumento de auditorías y mayor vigilancia a los gobiernos.
