Además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a amenazar la libertad de expresión. MCCI ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas. Con respecto a las declaraciones de hoy hechas por el presidente y Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), MCCI aclara:
1.- Divulgar la información fiscal de los contribuyentes no sólo es un abuso de poder, sino una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades hacendarias, entre las cuales se encuentra la UIF, tienen la obligación de «guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes». Revelar la información de nuestra organización busca amedrentar a todas las personas que donan, colaboran o trabajan en MCCI.
2.- Es falso que MCCI no transparente sus finanzas. Como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Esta declaración incluye el detalle de los asociados, cuerpo de gobierno, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y la fuente de los mismos donativos. Adicionalmente, mes con mes hemos obtenido nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo hemos hecho desde 2016 y nunca hemos recibido observación alguna, aún cuando la administración anterior y la actual han sometido nuestras finanzas a un estándar de escrutinio que ni siquiera se cumple en la información pública del gobierno.
3.- Contrario a lo que afirma el presidente de la República, el trabajo de MCCI ha estado apegado a su objeto social. De ello dan cuenta más de 1,200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro país. También ha cumplido con el objetivo de proponer alternativas de solución a estos dos problemas y de fomentar el Estado de derecho.
4.- MCCI no sirve a intereses de particulares ni a gobiernos extranjeros. Nuestros programas de investigación se deciden sin mediación externa alguna entre nuestro cuerpo directivo.
5.- Desde el año 2016 MCCI cuenta con la autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros en estricto apego a la ley.
6.- MCCI nunca ha recibido recursos públicos porque sus estatutos lo prohíben.
7.- El financiamiento de USAID (Agencia de EU para el Desarrollo Internacional) al que el presidente ha hecho referencia en múltiples ocasiones y que concluyó en 2023, ha sido destinado en su totalidad a las tareas de investigación y divulgación que constan en el acta constitutiva de MCCI.
8.- La recepción de recursos por parte de instituciones de cooperación internacional no vulnera de ninguna manera la soberanía nacional ni las leyes. Por el contrario, y en este caso particular, responde al capítulo 27 del T-MEC, que establece que deben tomarse medidas para promover la participación activa de «la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias para prevenir y combatir la corrupción».
9.- MCCI nunca ha llevado a cabo ninguna actividad político-partidista ni, mucho menos, ideado, participado o hecho eco de campañas de desprestigio en contra del presidente o partido político alguno. Nuestra misión no es «mantener la corrupción y los privilegios» como dice el presidente, sino vigilar al poder, sin importar quien lo ejerza, como puede verificarse en las investigaciones en nuestro sitio web que han revelado escándalos de todos los partidos políticos, órdenes de gobierno y sectores de la sociedad.
10.- Cuestionar al gobierno en sus políticas públicas, documentar la corrupción, vigilar el uso de los recursos públicos, exhibir la falta de transparencia, exigir que el gobierno garantice los derechos de las personas y que cumpla con sus obligaciones, lejos de ser un delito, es una obligación de la sociedad.
11.- MCCI aclara por enésima vez que Claudio X. González dejó la organización en junio de 2020, que no participa de forma alguna en la asociación y que, desde luego, no es su apoderado legal.
Estos ataques son un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística, de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente a nuestra institución.
La sociedad civil es necesaria para la construcción y funcionamiento de la democracia. En México hay 7,487 organizaciones no gubernamentales. El ataque a MCCI no solo pone en riesgo nuestra labor anticorrupción, sino la de miles de ciudadanos. MCCI seguirá con su compromiso con el combate a la corrupción y la construcción de un Estado democrático de derecho.
