Las encuestas son instrumentos, con bases metodológicas y técnicas de investigación científica, que pueden tener múltiples usos. Hago esta aclaración porque a veces se confunde a la encuesta en su esencia metodológica, con la encuesta como recurso retórico. En las campañas políticas proliferan ambas.
Los medios de comunicación publican encuestas electorales como parte de su cobertura noticiosa para informar a sus audiencias, lectores y seguidores sobre las tendencias de intención de voto en una elección. En ese sentido, las encuestas forman parte de la información noticiosa: nos informan de cómo va una contienda, qué tipo de electores apoyan a qué candidatos, y qué preocupaciones y opiniones tiene el electorado rumbo a los comicios. Sin encuestas no tendríamos una brújula que nos oriente acerca del grado de apoyo y el tipo de electores que apoya a cada opción política. Por ello son un ejercicio crucial de información en un ambiente de competencia democrática.
Por su parte, los partidos y candidatos utilizan encuestas para orientar sus decisiones y estrategias, aunque, de vez en vez, también las difunden para tratar de influir en el estado de ánimo de los electores. La publicación de resultados de una encuesta que proviene de un partido político es improbable que sea desfavorable al mismo. Se publica precisamente porque es favorable. En esto, el uso de las encuestas es estratégico y propagandístico.
La profesión internacional de encuestadores, consciente de que este uso de las encuestas es recurrente, establece estándares y normas profesionales para una adecuada y transparente diseminación de resultados, entre las cuales destacan no sólo aspectos metodológicos sino organizacionales, incluidas las fuentes de financiamiento: quién pagó la encuesta.
En México, la ley electoral en materia de regulación de encuestas especifica, como lo hacen los propios códigos de ética de la profesión, que se debe transparentar quién pagó la encuesta en cualquier publicación de resultados. Desafortunadamente no todas las encuestas que se publican en nuestro país transparentan esa información, o lo hacen a medias, argumentando que la propia organización es la que autofinancia sus estudios. Ese argumento redundante es poco sostenible bajo una lógica de mercado. También es una de las malas prácticas de la profesión encuestadora en nuestro país, ya que hace difícil para el ciudadano distinguir cuándo se trata de una encuesta informativa o de una encuesta propagandística.
Pero esa línea distintiva se hace borrosa porque las encuestas metodológica y éticamente sólidas y transparentes, realizadas sin ningún otro propósito que el informativo, también suelen utilizarse como un recurso propagandístico. Quienes comulgan con los resultados los difunden y elogian; y quienes no, denuestan y descalifican la encuesta o al encuestador. Esa reacción estratégica –algunos le llaman sesgo de confirmación– es una conducta cada vez más estudiada y entendida, pero que es difícil de reconocer cuando se cae en ella.
Debido a que las encuestas electorales arrojan resultados que son favorables para unos y desfavorables para otros, el ejercicio de reportarlas, comentarlas y analizarlas debe hacerse de la manera más neutral e imparcial posible. Eso no siempre sucede, y ésa es otra de las posibles malas prácticas de la profesión: enfatizar los resultados con ángulos que toman partido, ya sea consciente o inconscientemente. El público, los lectores, la audiencia, los propios partidos tienen el derecho de interpretar una encuesta como mejor les plazca, pero el encuestador y quien difunde sus resultados tiene la responsabilidad, la obligación de hacerlo de una manera imparcial, y siempre respetando los límites y alcances de sus estudios demoscópicos.
En una era políticamente polarizada como la que vivimos, bajo una dinámica de redes sociales regida por los likes, los retuits o las visitas, y en la que lo que más se viraliza suelen ser posturas extremas, ser imparcial puede generar poco tráfico, pero genera algo muy importante: credibilidad.
La credibilidad de las encuestas depende, en gran medida, de su exactitud y precisión, pero también del cuidado en su diseminación, de la transparencia en sus métodos e intereses, y de la imparcialidad en su comunicación.
