La propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica es quizás el tema más relevante de política pública para este año.
¿Qué puede resultar de la discusión que ahora se lleva a cabo?
Van las siguientes consideraciones.
1- La reforma constitucional en materia eléctrica no se va a votar antes de las elecciones de junio. En este momento, Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para su aprobación y no se correrá el riesgo de someterla al pleno hasta que haya condiciones para obtener la mayoría calificada. Esto implica al menos el respaldo del PRI o de un bloque importante de priistas en las dos cámaras. Y ello va a depender de los resultados electorales de junio.
2- El “parlamento abierto” era un proceso indispensable para Morena, con objeto de poder señalar que los legisladores han escuchado las opiniones de todos los interesados. Sin embargo, lo que resulte finalmente nada tendrá que ver con las sesiones que todavía se están realizando, sino con negociaciones políticas.
3- Quienes piensen que la reforma eléctrica puede simplemente desecharse es que no han aprendido del estilo del presidente López Obrador. Para él, esta reforma es una parte fundamental de su estrategia de largo plazo. Sin embargo, también se equivocan quienes piensen que la única opción que considera el presidente es dejar la reforma exactamente en los términos en los cuales se propuso. Si, para aprobarse se requieren cambios a su formulación, no dude que habrán de negociarse.
4- Hay experiencias previas de negociación en materia eléctrica. Quizás el ejemplo más claro fue el de la decisión de terminar anticipadamente los contratos en algunos ductos de gas por parte de la CFE en 2019. Lo que en principio parecía ser una ruptura plena entre la CFE y sus contratistas, que acabaría en litigios en tribunales internacionales, concluyó en una negociación en la cual ambas partes aceptaron algunos cambios en las propuestas, que de acuerdo algunas versiones, en el largo plazo le implicaron más costos a la propia CFE. Lo importante para el gobierno no fue el resultado financiero, sino el símbolo de que era el gobierno quien ponía las condiciones.
5- En este contexto, no es imposible que el presidente López Obrador acepte, por ejemplo, que se elimine de la propuesta de reforma la cancelación generalizada de contratos y permisos, y en cambio se opere la eliminación individual de diversos contratos de autoabastecimiento, así como la concentración en la Secretaría de Energía o en la CFE de atribuciones que hoy se encuentran distribuidas en los organismos reguladores. Por citar solo una de las posibles fórmulas de negociación.
6- Aunque hoy se parte del rechazo completo a los términos de la reforma, si el sector privado ve imposible salir del tema sin costos, probablemente acepte cambios como los señalados. Igualmente, no sería imposible que un bloque de legisladores priistas consideraran aceptable una reforma en la cual se cambiaran los términos de la propuesta, pero solo en el caso de que su resultado electoral de junio fuera muy adverso.
7- El peor escenario para el presidente López Obrador sería que Morena quedara debajo de las expectativas en el resultado electoral. Si, por ejemplo, ganara solo dos gubernaturas, Oaxaca y Quintana Roo, sería un desastre. Pero incluso, si tuviera tres triunfos, agregando a Hidalgo en ese bloque, quizás el PRI adoptara una actitud más dura y en ese caso, tal vez la reforma tendría que limitarse a cambios legales y no constitucionales.
El llamado a la unidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la plenaria de los senadores morenistas, fue el reconocimiento de que las fisuras del partido en el gobierno podrían producir un resultado adverso en junio, poniendo en riesgo no solo la reforma eléctrica de AMLO, sino todo el bloque de reformas que aún pretende el presidente.
