El director general de Pemex, Octavio Romero, se quejó ayer amargamente de la decisión de Moody’s de bajar un escalón la calificación de la deuda de Pemex.
Romero argumentó que Moody’s no quiso escuchar cuando se le señaló que la construcción de la nueva refinería se está haciendo con recursos federales y no con los fondos de Pemex.
Tampoco tomó en cuenta que la adquisición de la refinería de Deer Park en Houston se hará también con recursos del Estado y no con el flujo de la empresa petrolera.
Además, la calificadora tampoco consideró que se ha definido que las amortizaciones de la deuda de Pemex van a ser cubiertas por el gobierno federal y no por la empresa productiva del Estado.
No sé si es mejor que Moody’s no haya escuchado los argumentos de Romero Oropeza, ya que en ese caso, probablemente, en lugar de bajar la calificación de Pemex estaría evaluando bajársela a los bonos soberanos del gobierno de México.
Es entendible que el director de Pemex defienda a la empresa subrayando el respaldo que tiene por parte del gobierno federal, pero es probable que no se repare en que esa defensa le está generando un problema al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
La mayor parte de las evaluaciones de riesgo respecto a las finanzas públicas mexicanas ponen el foco, no tanto en la condición fiscal del gobierno federal, como en la situación que guardan las finanzas de Pemex.
Y si el argumento central para cuestionar la decisión de degradar la deuda de la petrolera es el respaldo de la Secretaría de Hacienda, ya se está poniendo una luz amarilla a la condición de las finanzas gubernamentales de los siguientes años.
Podemos tener discrepancias con los criterios de las calificadoras. De hecho, ni siquiera entre ellas son uniformes. Pero lo que no podemos ignorar es que influyen en las decisiones de los inversionistas.
Por lo pronto, el juicio dominante respecto a las finanzas públicas de México es que están en una mejor condición que las de otras naciones que incurrieron en un mayor endeudamiento para poder hacerle frente a la pandemia.
El costo, desde luego, es que tuvimos una fuerte caída de la actividad económica que probablemente podría haberse amortiguado con una política de gasto más activa.
Sin embargo, eso es el pasado. Lo que se quiere observar ahora es si la condición financiera del gobierno tiene sustentabilidad, y el tema que genera mayores dudas es desde luego el de Pemex.
Moody’s admite que la empresa ha logrado contener la caída de la producción, lo que se ha conjugado con altos precios del crudo en los últimos meses para producir una condición financiera más aceptable por parte de la empresa, según el reporte que se conoció ayer.
El problema es que en el mediano plazo no hay la certeza de que los precios del crudo sigan altos y se ven más presiones por los vencimientos de deuda de la empresa.
Pero además, el pronóstico de Moody’s es que el negocio de la refinación seguirá generando pérdidas a la empresa, lo que hará necesario mayores transferencias del gobierno federal.
En el reporte presentado ayer, mientras que Pemex Exploración y Producción reportó una utilidad neta de 59 mil 798 millones de pesos en el primer semestre, la subsidiaria Pemex Transformación Industrial tuvo pérdidas por 70 mil 167 millones de pesos en el mismo lapso.
La situación de la petrolera es un acertijo que podría tener diversas soluciones si no hubiera el empecinamiento de hacerla crecer a toda costa.
Si esa visión compromete un exceso de recursos del Estado, serán las finanzas públicas y la estabilidad financiera del país las que se pongan en juego.
