Los arrebatos belicosos del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque suspendió la ley para recortar salarios, no deben esconder el problema de fondo en el Poder Judicial.
No es la institución per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica.
La discusión sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que suspendió la Corte para revisar si hay violaciones a la Constitución, tampoco debe quedarse en ese punto como si fuera lo único o lo más importante en términos de lo que beneficia e interesa más a la nación. Hay que ver más alto y más lejos, como dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y examinar con mayor profundidad el papel de los ministros de la Corte.
El presidente López Obrador es quien estableció los términos del enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia, con un argumento descalificador y reduccionista pero persuasivo en la opinión pública, de que forma parte de una lucha contra los privilegios, al mencionar los “estratosféricos” salarios de los ministros, como si fueran sinónimo de corrupción.
#ConferenciaPresidente | Los altos servidores públicos en México son los funcionarios mejor pagados en el mundo. En un país con tanta desigualdad, esto es ofensivo.
— Gobierno de México (@GobiernoMX) 10 de diciembre de 2018
Establecer salarios máximos de funcionarios es un 1er paso para recuperar la confianza en la democracia mexicana. pic.twitter.com/N9iOAgzpt1
La Suprema Corte le respondió, a través de su cuenta de Twitter, tildándolo sibilinamente de mentiroso, al afirmar que “nadie gana, ni remotamente”, los 600 mil pesos mensuales que el Presidente afirmó que eran su salario.
Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales. Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el DOF. https://t.co/78c7DRjjWL
— Suprema Corte (@SCJN) 10 de diciembre de 2018
La Corte tampoco está siendo apegada a la verdad. Si se ven los salarios nominales, que oscilan aproximadamente entre 130 mil y 270 mil pesos mensuales, sí están lejos de los 600 mil pesos que señaló el presidente, quien debió haber utilizado el dato de los salarios integrados, en donde están la prima vacacional, el pago de riesgo por 46 mil pesos mensuales, el aguinaldo, el pago a una o dos personas en su servicio doméstico, automóvil que pueden incluso blindarlo y gastos de representación, con lo cual si no llega a la suma señalada por López Obrador, tampoco se aleja mucho de ella.
El tema de los salarios es relevante porque la suspensión de la ley los atañe directamente, al ser los ministros de la Corte uno de los grupos que ha denunciado que la reducción de los salarios de manera transversal es inconstitucional en órganos como el máximo tribunal o los autónomos.
De tal forma, la discusión sobre un conflicto de interés no es ociosa. ¿Pueden los ministros actuar con apego a lo que establece la Constitución? O, ¿cómo interpretarán la propia ley? ¿Hay indicios de veracidad en la crítica que les hizo López Obrador? Según el ministro Arturo Zaldívar, uno de los candidatos más fuertes a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia el próximo año, sí.
En septiembre pasado, al dar la bienvenida a 10 nuevos jueces de Distrito, urgió a la autocrítica en la Corte e “imaginar un México diferente”, que corresponda al mensaje de hartazgo y frustración mostrado en las urnas que le dio la victoria a López Obrador, que votó por un cambio de régimen, y aprovechar la coyuntura para reconquistar la confianza de los ciudadanos.
Entre sus llamados, que reiteró posteriormente, es la austeridad que debía seguir la Corte. “La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”, dijo Zaldívar.
Esta mañana el ministro @ArturoZaldivarL llamó a erradicar la corrupción al interior del Poder Judicial y convocó a diseñar políticas de austeridad reales y no simbólicas pic.twitter.com/qd4i4z5n4l
— Juan Pablo Reyes S. (@jpressmx) 18 de septiembre de 2018
La forma como planteó la discusión el presidente López Obrador quedó plasmada como un repudio a las instituciones, sobre las cuales ha mostrado reiteradamente su inconformidad y disgusto por la forma como operan.
Esto ha llevado durante esta semana a un plano unidimensional, en donde lo que sobresale es un choque entre poderes y un avasallamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, que ubica la confrontación en el contexto de la eliminación de pesos y contrapesos. Hay que salirse de esa discusión coyuntural y plantear un debate de largo aliento y alcance.
Abogados constitucionalistas sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido altamente controversiales.
Por ejemplo, el PRI metió en diciembre de 2012 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuyo voto se le otorgó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada.
Dos semanas después de su liberación, la misma Corte votó en sentido opuesto sobre el caso de dos indígenas acusadas de la privación de la libertad de dos policías federales.
No se puede soslayar algo muy relevante, que es la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado a la Corte a situaciones indefendibles. El último caso fue el escándalo de fraude de los jueces de ascenso, conocido en febrero pasado, cuando un concurso interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal debido a que se filtraron las respuestas a las preguntas del examen.
No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis de la Corte, como una derivación positiva y saludable del conflicto actual.
No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes.
