Emilio Lozoya estaba decidido a pelear la extradición de España, pero la familia lo fue debilitando. Su padre, Emilio Lozoya Thalman, habló muchas horas con él para persuadirlo que se entregara, ante la amenaza de la Fiscalía General en México que profundizarían las investigaciones y las presiones sobre su madre, en arraigo domiciliario, su hermana y su esposa, que se encuentra en Alemania –aunque habla con él por teléfono de manera regular–, si no aceptaba colaborar. La doble pinza lo llevó a entregarse y aceptar que lo extraditaran para ser juzgado en su país. Pero no fue voluntario, como afirmó el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino como producto de una negociación, como corrigió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La entrega del ex director de Pemex no fue una acción unilateral. Personas con conocimiento del caso revelaron que detrás de todo se dio una negociación tan amplia, que incluso los términos de la carta que envió a Gertz Manero, la redactó al alimón con abogados de la Fiscalía. Este procedimiento irregular arroja luz sobre lo que veremos en los próximos meses, un proceso jurídicamente heterodoxo, pero dúctil a manipulaciones.
La negociación estableció que los temas centrales, avalados por López Obrador, sean la participación del conglomerado Odebrecht en la construcción y mantenimiento de las refinerías Etileno XXI y Tula, y la compra de Agronitrogenados, filial de Altos Hornos de México, por la cual detuvieron en España a Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración, que aceptó vender al Grupo Villacero de Julio Villarreal, bien conectado en Palacio Nacional. El gobierno quiere concentrar las acusaciones de Lozoya en esos casos, donde dijo López Obrador, hay “personas de relevancia” y grupos políticos involucrados.
López Obrador asegura que lo que diga Lozoya permitirá “purificar” la política, y para ello le darán “protección”, que incluiría no pisar la cárcel al regresar a México, sino ser ingresado en el Hospital Militar de la capital federal, con el pretexto de que al haber estado en una prisión madrileña durante la pandemia del Covid-19 en ese país, debe estar en cuarentena.
Mientras transcurre, según el plan, durante ese periodo presentará tres testigos para apoyar sus dichos. Dos de ellos eran trabajadores de mucha confianza de él, su secretario particular y su chofer. Los fiscales esperan que aporten rutas, horarios, fechas y destinatarios de dinero que presuntamente les enviaba Lozoya en pago por servicios políticos, particularmente durante las negociaciones del Pacto por México.
Lozoya y sus familiares, de acuerdo con la negociación, se apegarían al beneficio del criterio de oportunidad, en donde a cambio de su colaboración, no se ejerce acción penal contra ellos. Adicionalmente, entregaría su casa en Lomas de Bezares, que presuntamente fue adquirida con dinero que le dio Odebrecht por ayudarlos a conseguir contratos de obra pública.
El caso se construirá a partir de las delaciones que ha hecho Lozoya de que fue responsable de haber repartido dinero para comprar apoyos en la oposición para lograr la aprobación de la Reforma Energética, que dejaría expuestos a los dos secretarios más poderosos del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, en ese entonces secretario de Hacienda, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
Videgaray es el más señalado como uno de los objetivos de Lozoya. Osorio Chong sería involucrado de manera indirecta, al iniciarse un proceso, según el plan, en contra de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia y ligado al Grupo Hidalgo, involucrado en el Caso Odebrecht, en la refinería de Tula. Lozoya se enfocará, de acuerdo con las líneas generales de lo que aportará a la Fiscalía, en Videgaray y en el propio Peña Nieto. No obstante, es todavía incierto si Gertz Manero centra la investigación en ellos, porque el objetivo central del gobierno no está en el PRI, sino en el PAN.
Son varios objetivos específicos que el gobierno desea señalar con las aportaciones de Lozoya, de acuerdo con las personas que conocen del caso, en donde figuran varios dirigentes panistas en aquel momento, como Ricardo Anaya, que presidía al partido, y los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Los dos han sido reconocidos como buenos operadores políticos, y el próximo año habrá elecciones para gobernador en Querétaro. Las de Tamaulipas serán en 2022.
Bajo los términos del acuerdo de Lozoya con la Fiscalía General para ir en contra de gobernadores panistas, se encuentra la lógica política-electoral detrás de la negociación con el ex director de Pemex. López Obrador necesita mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para que pueda consolidar sus proyectos y afianzar el desmantelamiento de las reformas peñistas que fortalecerían las suyas. Los testigos que pondría Lozoya a disposición de las autoridades son las piezas para construir un caso contra ellos.
En todo este abanico de acusaciones contra culpables e inocentes, la tolvanera que levante se empatará con la campaña electoral en 2021, donde el adversario más fuerte que tiene Morena en algunas regiones del país, en este momento, es el PAN. Este es el quid pro quo negociado con Lozoya, quien será un instrumento político contra la oposición, a cambio de la libertad de su familia y una justicia laxa contra él.
Pero no es todo para lo que la Fiscalía desea a Lozoya, según las personas que conocen el caso. Por debajo del objetivo electoral para lo cual se realizó la negociación, están los ajustes de cuentas y las venganzas de Gertz Manero y de Lozoya en contra de distintas personas, que se cruzarán en el proceso, y que involucran no sólo opositores del gobierno de López Obrador, sino funcionarios de su administración y de Morena, cuyos nombres también están en camino de ser exhibidos, además de quien ha protegido el Presidente hasta ahora, Peña Nieto.
