En su nueva defensa del fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien tuvo la ambición suicida de esperar casi 16 meses a que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya documentara decenas de acusaciones de corrupción en el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le expresó su confianza y recordó que, al encontrarse en la última etapa de su vida –tiene 82 años de edad–, querrá terminar con dignidad. Gertz Manero ya desperdició un año y medio de esa fase por las mentiras de Lozoya, y va en camino de perder otro tanto.
Gertz Manero, un fiscal cuya autonomía es relativa, actuó conforme a los lineamientos públicos y privados que le indica el Presidente, como el cambio de privilegios a prisión preventiva justificada para Lozoya, resultado de la gran molestia del Presidente tras la comentada cena en el restaurante Hunan, que puso en aprietos al fiscal. Hombre vanidoso, también a él le hirvió la sangre, que de acuerdo con lo que ha trascendido, sintió la imprudencia del exdirector de Pemex como un agravio personal que había afectado su reputación.
El jueves, en este espacio, se publicó que la solicitud de prisión preventiva justificada, ante la posibilidad de que se fugara, sorprendió a la defensa de Lozoya. Nueva información permite ahondar en esta versión. La prisión preventiva fue discutida durante dos horas el lunes pasado en las oficinas de Gertz Manero con Emilio Lozoya Thalman, padre del delincuente confeso de corrupción, y quien encabeza de manera real la defensa de su hijo. También estaba el subprocurador especializado en Investigaciones de Delitos Federales, Juan Ramos, que ha sido con quien Lozoya ha trabajado los detalles de los acuerdos, antes de que pasen para el visto bueno del fiscal.
Ambos funcionarios están indignados con Lozoya desde la cena el 9 de octubre pasado, y en diversas ocasiones, particularmente a través de Ramos, que se reúne frecuentemente con Lozoya Thalman, se lo han mandado decir al exdirector de Pemex. Aun así, en la reunión del lunes, Lozoya Thalman quiso negociar con ellos para evitar que le dictaran la prisión preventiva justificada a su hijo, sabiendo que por la relación existente con el juez encargado del caso, Artemio Zúñiga, una vez que lo pidieran los ministerios públicos federales, se la otorgarían. No está claro que Lozoya y el abogado que lo acompañó a la comparecencia estuvieran al tanto de ello.
La irritación del Presidente, junto con la molestia exacerbada de Gertz Manero, hacía imposible incluso que se discutiera. Ninguno de los tres entró en los detalles de cómo transcurriría el proceso, que le encargaron afinar al ministerio público federal responsable del caso por parte de la subprocuraduría, Christian Jiménez, y a Alejandro Rojas, otro de los abogados de Lozoya. Revisaron el libreto de lo que sucedería en la audiencia del miércoles, y de acuerdo con la nueva información sobre lo sucedido esta semana, quedaron en el entendido de que la solicitud de prórroga por 60 días para aportar más pruebas a sus dichos, sería autorizada sólo por 30 días, y que entonces la fiscalía pediría la prisión preventiva justificada.
No había márgenes de maniobra para Gertz Manero, ante la presión política y social que causó la imprudencia de Lozoya al ir al Hunan, que transmitió la realidad que, aún sin acceder al criterio de oportunidad y haber incumplido repetidamente con la presentación de pruebas y el desdén para comparecer en casos de difamación que le han presentado otros de sus imputados, lo que había mostrado era impunidad, discrecionalidad de la justicia y burla para el gobierno.
En ese contexto, los abogados Jiménez y Rojas quedaron en principio, tal y como planteó la fiscalía, que Lozoya permanecería en el Reclusorio Norte todo el mes que tiene para presentar más pruebas, y una vez que las ofreciera en una nueva comparecencia, se cancelaría la solicitud de prisión preventiva justificada y reanudarían la colaboración. Es decir, la cárcel en noviembre para Lozoya servirá para aliviar las presiones, evaporar las críticas al Presidente por su inacción en el tema de la corrupción, y salvarle la cara a Gertz Manero. También, fue para satisfacer la exigencia de Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, para mantener su colaboración con la fiscalía. De ahí el mensaje de apoyo a la fiscalía en Twitter, celebrando la prisión para Lozoya.
Dentro de la fiscalía están ciertos que Lozoya no va a presentar pruebas para apoyar su dicho, porque no tiene, pero Gertz Manero no va a permitir que 16 meses de espera se vayan a la basura. Tampoco está dispuesto sólo a recortar sus pérdidas y que el principal caso contra la corrupción en México se reduzca a condenar a quien era su testigo estrella, arrollando su prestigio y lastimando al propio Presidente. Lo que se va a hacer, trascendió, es lo que hicieron con Rosario Robles, la exsecretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fabricar pruebas para pedir órdenes de aprehensión contra un selecto grupo de imputados.
La fiscalía irá construyendo las pruebas que va a presentar Lozoya al juez, de acuerdo con la nueva información del caso, pero no van a ir en contra de todos los imputados originalmente por Lozoya. Dejarán fuera al expresidente Enrique Peña Nieto, y se enfocarán en el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, el ex director de Pemex José Antonio González Anaya –para satisfacer al actual director de la empresa, Octavio Romero Oropeza, quien tiene un diferendo personal con él– y el excandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien López Obrador quiere en la cárcel, como revelaron sus colaboradores hace meses.
Ninguna acusación contra ellos tres le garantizaría el acceso al criterio de oportunidad –aun cuando se demostrara su culpabilidad– si se aplica la ley, porque ninguno de ellos era su superior inmediato, como se requiere para lograr el beneficio. Pero el caso Lozoya nunca ha tenido que ver con la justicia, ni con la lucha contra la corrupción. Tiene que ver con política, elecciones y venganza. En este cajón, lo hemos visto, todo cabe.
