Mariana Rodríguez, la influencer que fue el motor de la locomotora que llevó a su esposo, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, a una efímera campaña presidencial, ya recibió el visto bueno de quien tiene el dedo electoral más largo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La señora Rodríguez, que estaba negociada con el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para ir al Senado en la próxima legislatura, cambió su destino tras el fiasco de su esposo, que en una fuga para delante decidieron que ya no sería la Cámara alta, sino la alcaldía de Monterrey, que también se pone en juego el próximo año, el objetivo inmediato.
Le fue mal a Rodríguez en las redes sociales con su anuncio sabatino, pero nada mal ayer en Palacio Nacional, donde López Obrador recibió con alegría y beneplácito la nueva aventura. “Que yo sepa, no hay ningún obstáculo legal” que le impediría competir, declaró, omitiendo los señalamientos que, de comprobarse que su residencia está en el municipio de San Pedro Garza García, no en el contiguo Monterrey, sería inelegible para contender. “Hasta podría decir –continuó López Obrador mientras le tiraba miel– que es una mujer exitosa”.
Todo en la vida, y sobre todo en lo que normalmente afirma el Presidente, es relativo. La señora Rodríguez tiene varios secretos en su equipaje, aunque algunos son públicos. Y publicados. Los más importantes, en términos de ley, es la investigación federal que se le abrió a García, a ella y a su padre, por presuntos delitos fiscales y de lavado de dinero.
El 23 de abril de 2021, el periódico Vanguardia de Saltillo reportó que desde 2019 las autoridades estaban investigando a García, en ese entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de lo cual ya había sido informado el Instituto Nacional Electoral, que a su vez turnó el caso a la Comisión de Fiscalización para investigar posible financiamiento electoral ilegal.
Las operaciones investigadas incluían depósitos por 26 millones de pesos de una empresa fantasma, además de 170 millones de pesos triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero, así como consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y retiros millonarios en efectivo, donde, además de la pareja, estaba involucrado el padre de Rodríguez, Jorge Rodríguez Valdés.
El 24 de abril de 2021, el portal SDP, cuyo fundador está en el cuarto de guerra de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, publicó la investigación en curso contra la influencer y su padre, porque la esposa del gobernador había recibido, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 60 transferencias bancarias vía SPEI por un millón 371 mil pesos, desde la cuenta de una empresa reportada por operaciones irregulares en el sistema bancario. Adicionalmente, agregó, la señora Rodríguez recibió cuatro depósitos por un millón 114 mil pesos en esos mismos años, y entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 gastó casi 3 millones de pesos en su tarjeta de crédito, sugiriendo que su evolución patrimonial no justificaba ese gasto.
El 16 de mayo de ese mismo año, Infobae añadió que, apenas una semana antes, la Fiscalía General dio a conocer avances de las investigaciones contra García y su familia, donde apareció por primera vez mencionado su padre, Samuel Orlando García Mascorro, además de su esposa y suegro, que ya habían sido referidos en otras pesquisas. Infobae refirió un trabajo del reportero Arturo Ángel, en ese entonces en el portal Animal Político, que detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera había detectado ocho empresas con actividades sospechosas, donde su suegro era el objetivo central de una investigación sobre la presunta simulación de operaciones por parte de la empresa Proveedora de Talento Ejecutivo, que suponía había elaborado facturas de servicios que jamás podría haber realizado porque no tenía los recursos humanos para proporcionarlo, y que había facturado a través de una empresa fantasma. Según el reportero, el padre de Mariana Rodríguez figuraba también en varias empresas a través de las cuales se detectaron triangulaciones de millones de pesos.
Las filtraciones sobre las investigaciones iniciadas contra García, su esposa y sus familias se dieron en el contexto de la elección para gobernador en Nuevo León, donde la candidata de Morena, impuesta por López Obrador, era Clara Luz Flores, que no despegaba y había sido relegada al tercer lugar en las encuestas. La presión contra García comenzó a bajar cuando, después de la publicación de las investigaciones, García habló con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para asegurarle que no tenían sustento esas imputaciones.
Scherer habló con el Presidente y aparentemente se congelaron las investigaciones, pero García quedó prácticamente como rehén. El ofrecimiento implícito que hizo, ante el derrumbe electoral de la candidata de Morena, es que como gobernador apoyaría los proyectos presidenciales. Los asuntos penales se olvidaron, se acabaron las filtraciones de la fiscalía y todas las presuntas violaciones electorales de García se quedaron en el INE, que en julio de ese año, una vez que había ganado la elección, lo multó con casi 500 mil pesos por aportaciones que no se reportaron al instituto, y a Movimiento Ciudadano, por lo mismo, lo sancionaron con 55 millones de pesos.
Las carpetas de investigación contra García y su familia no desaparecieron. Existen y están abiertas. García le ha sido funcional a López Obrador, aunque no pudo concretarse el pacto con Dante Delgado para hacerlo candidato presidencial y quitarle votos de la clase media a la candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, por el terror del gobernador a que un interino fuera de su control lo investigara penalmente.
Ahora, una vez más con el control en el gobierno, García sigue jugando sus fichas con el aval de López Obrador, que palomeó a la señora Rodríguez, omitiendo las investigaciones en su contra. Nada sorprendente. Sus fines, contra lo que dice, sí justifican los medios.
